Publicado por: Karina Pavez | jueves 9 de julio de 2015 | Publicado a las: 22:57
· Ministro Ottone valoró el avance de la iniciativa que fue aprobada con 84 votos. Ahora, el proyecto legislativo pasará al Senado para su ratificación.
· La propuesta del nuevo cuerpo legal permite aplicar la actual ley 20.243 a los autores de obras audiovisuales.
El Ministro de Cultura, Ernesto Ottone, celebró que la Cámara de Diputados aprobara en general la iniciativa que modifica la actual ley N°20.243, dictada en 2008 y que reconoce derechos patrimoniales a los intérpretes y ejecutantes de una obra audiovisual, pero no así a los autores. Al finalizar la sesión, los creadores presentes, agradecieron y festejaron el resultado.
El secretario de Estado destacó que “estamos muy felices que se haya votado por unanimidad. Esto era un anhelo de larga data: que los directores, guionistas y escenógrafos pudiesen tener los mismos derechos autorales que tienen los actores e intérpretes”.
El proyecto corrige la asimetría existente entre quienes “crean” las obras audiovisuales y quienes las “interpretan”, por cuanto la Ley 20.243 otorga este derecho a los músicos y actores, excluyendo a los autores. La iniciativa –enviada por el Ejecutivo – fue aprobada en general por la Cámara y permite la aplicación de los derechos que establece dicho cuerpo legal a los autores de obras audiovisuales.
Por su parte, el presidente de la comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, Roberto Poblete, señaló que “el cine chileno se está desarrollando a pasos agigantados y para eso debe contar con todo el apoyo de una legislación que sea adecuada, contemporánea y que esté de acuerdo con lo que está pasando en el mundo”.
Asimismo, el Director General de la Asociación de Autores de teatro y cine, César Cuadra, expresó que “este es un momento histórico para la defensa de los legítimos derechos de los autores, que han venido luchando por décadas por conseguir lo que hoy estamos empezando a vislumbrar”.
La iniciativa es consistente con el Tratado de Beijing, que es el acuerdo que reconoce el derecho de remuneración de los actores, intérpretes y ejecutantes a nivel internacional, aprobado por el Congreso Nacional y depositado en OMPI el 22 de junio de 2015.