Una segunda acusación constitucional le estaría esperando al Presidente Sebastián Piñera, tras el acuerdo entre todas las bancadas de oposición de la Cámara de Diputados y Diputadas, debido a las acusaciones de conflicto de interés y evasión de impuestos en su contra por su eventual participación en la venta del proyecto minero Dominga, antecedentes que figuran en los «Pandora Papers».

Presidente cuestionado

El cuestionamiento al Presidente Sebastián Piñera surge por la filtración de la información y posterior publicación por los reconocidos medios Ciper y LaBot, en el que se da cuenta de que, en 2010 el Mandatario vendió su participación en la Minera Dominga a su amigo personal Carlos Alberto Délano. La transacción se hizo en las Islas Vírgenes Británicas y el tercer pago de la venta estaba condicionado a que el sector no se declarara zona de exclusión, algo que dependía de una decisión de la administración que encabezaría el propio Jefe de Estado.

En ese sentido, los motivos y fundamentos para llevar a cabo la acusación, según se ha explicado, van a estar basados en la infracción al principio de probidad, que está establecido en el artículo octavo (de la Constitución), y también por comprometer gravemente el honor de la patria.

“Fin a la sinverguenzura”

Al respecto, la diputada de La Araucanía, Andrea Parra, sostuvo que “tener un Presidente con una causa penal abierta, que es portada en todo el mundo por hechos de corrupción, y al cual ya nadie le cree, es un golpe bajo a la República y a la Democracia”.

En esa línea, es que la parlamentaria mallequina señaló que, “por eso apoyo e impulso la acusación constitucional contra Piñera. Chile debe ponerle `coto´ a su sinverguenzura”.