Por Fernando Peña, Director Laboratorio de Planificación Territorial

Los graves incendios forestales que ocurrieron especialmente en las regiones del Biobío y La Araucanía el verano pasado, dejaron en evidencia la necesidad de organizar el territorio, no solo en el ámbito urbano, sino también en el rural, especialmente en este último, donde suelen surgir los principales eventos de riesgo y desastre socionatural, afectando a la población junto con espacios naturales de alto valor de conservación, áreas productivas e infraestructura de distinta naturaleza, como ocurrió en diversos asentamientos de estas dos regiones.

Actualmente, existe una diversidad de instrumentos de planificación y ordenamiento territorial que podrían incidir en la gestión de la emergencia y que serán implementados en los próximos años, como por ejemplo, Plan Regional de Ordenamiento Territorial (PROT), Plan de Reducción del Riesgo de Desastres, Plan de Emergencia y Plan de Acción Comunal de Cambio Climático. A esto, se suman las actualizaciones de los Planes Reguladores Comunales e Intercomunales, procesos que requieren un acucioso procedimiento de articulación entre todos ellos, teniendo como foco el contexto y pertinencia de los territorios locales. Es necesario, por tanto, tal como señala Cepal (2019), avanzar hacia un ecosistema de políticas de desarrollo territorial, que considere la gestión del riesgo de desastres en el territorio.

En este sentido, los PROT, que serán elaborados por cada gobierno regional en el marco del proceso de fortalecimiento de la regionalización (Ley 21.074), tienen el alcance de zonificar en forma vinculante el territorio regional no urbano (aproximadamente el 90% del país) a través de condiciones de localización para los distintos tipos de residuos y sus sistemas de tratamiento, infraestructura y actividades productivas en zonas no comprendidas en la planificación urbanística, junto con la identificación de las áreas para su localización preferente. En consecuencia, este instrumento de escala regional debiese señalar las condiciones de amenaza y vulnerabilidad junto con zonificar los principales elementos para la gestión del riesgo de desastres a nivel regional.

Por su parte, la Ley 21.364, que crea el Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, conocido como Sinapred, nace con el principio de prever y proteger a la población ante situaciones de emergencia o desastres y reducir al mínimo el impacto que estos eventos pueden tener en la sociedad chilena. Esta ley reconoce que el riesgo de desastres es una realidad en nuestro país y establece el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) para coordinar, planificar y ejecutar las políticas públicas relacionadas con la protección civil y la gestión del riesgo de desastres en todo el territorio nacional. Este organismo técnico tiene como foco fortalecer la gobernanza del ciclo del riesgo, que incluye entre sus etapas, la preparación, la respuesta, la recuperación y la mitigación de los efectos de los desastres. Para ello, se han traspasado funciones a las regiones y municipalidades, a fin de coordinar y articular los esfuerzos de todas las entidades que tienen responsabilidades en la protección civil y la gestión del riesgo de desastres a nivel regional y local. Se crean los Comités para la Gestión de Riesgo y Desastres (Cogrid), los cuales articularán el trabajo desde la esfera nacional, regional, provincial y local, y se apoyan en la Política Nacional para la Reducción de Riesgo de Desastres (RRD). De esta manera, se busca establecer una estructura de colaboración y trabajo conjunto entre los distintos organismos, tanto públicos como privados, para fortalecer la prevención y la respuesta ante situaciones de emergencia o desastres.

En este contexto, una de las principales características de la Ley 21.364, es que enfatiza la importancia de la gestión del riesgo de desastres en la planificación y el desarrollo territorial. Es decir, la ley establece que la gestión del riesgo de desastres debe ser un componente integral de la planificación y el desarrollo de las comunidades y territorios. En este sentido, una experiencia piloto que se ha llevado a cabo en la región de La Araucanía, desde el año 2018, se refiere a Kimgen DATA (FONDEF IT2010075) (https://kimgendata.kimgen.cl), investigación científica y tecnológica que consigna que la gestión del riesgo de desastres se debe realizar en función del Ciclo del Riesgo, fortaleciendo la gestión del riesgo a nivel comunal a partir de la integración de tres grandes herramientas, una que apoya la elaboración de los planes estratégicos para la gestión del riesgo de desastre y los planes operativos de emergencia, una segunda que permite apoyar el proceso de atención de emergencias a partir del mejoramiento del flujo de los informes alfa y, la tercera, que integra información espacio-territorial que permite estimar, en función de la información histórica, actualizada y situada, las áreas de mayor probabilidad de afectación.

Un tercer instrumento que deberemos desarrollar en el corto plazo, son los Planes de Acción Comunal de Cambio Climático (Ley 21.455). Las municipalidades deberán elaborarlos, los que serán consistentes con las directrices generales establecidas en la Estrategia Climática de Largo Plazo y en los planes de acción regional de cambio climático. Contendrán, al menos: la caracterización de la vulnerabilidad al cambio climático y los potenciales impactos en la comuna; medidas de mitigación, adaptación a nivel comunal y relativas a los medios de implementación, incluyendo la identificación de sus fuentes de financiamiento a nivel comunal; descripción detallada de las medidas que consideran, con indicación de plazos de implementación y asignación de responsabilidades; Indicadores de monitoreo, reporte y verificación de cumplimiento de las medidas del plan, conforme a la Estrategia Climática de Largo Plazo.

Estos tres importantes instrumentos de planificación con alcance territorial, nos desafían a pensar y proyectar un uso del suelo más sustentable que considere de manera holística la gestión del riesgo de desastres, especialmente en el territorio rural y en los espacios de expansión urbana o periurbana. Su articulación e integración tanto vertical como horizontal en función de los desequilibrios territoriales de escala local, requieren de una visión y comprensión distinta de la que hasta el momento han tenido los instrumentos de planificación y ordenamiento territorial.