En un giro sorprendente en la política surcoreana, el presidente Yoon Suk-yeol ha invocado la ley marcial en Corea del Sur, una medida que no se aplicaba desde 1979. La declaración, hecha en un discurso televisado nocturno, ha dejado a la nación en shock, pues la ley marcial normalmente se asocia con situaciones de emergencia extrema, como amenazas de golpe de Estado o invasiones extranjeras. Sin embargo, el mandatario justificó su decisión alegando la existencia de «fuerzas antiestatales», lo que ha desatado un gran rechazo tanto a nivel político como popular.

El presidente, cuya administración ha estado bajo una creciente presión debido a escándalos políticos, ha sido criticado por su indecisión y la falta de control en el Parlamento. Tras las elecciones generales de abril, la oposición ganó de manera decisiva y, desde entonces, Yoon ha tenido dificultades para impulsar sus políticas y aprobar leyes. La reciente crisis política, que incluyó acusaciones de corrupción y una caída en la popularidad de su gobierno, podría haber empujado al presidente a tomar medidas drásticas.

La respuesta de la oposición no se hizo esperar. Líderes de los principales partidos de oposición han calificado la declaración como un acto anticonstitucional, y el Partido Democrático convocó a sus parlamentarios para votar en contra de la medida. En las calles, miles de manifestantes se han reunido frente al Parlamento, coreando «¡No a la ley marcial!» y enfrentándose a las fuerzas de seguridad que bloquean el acceso al edificio.

Bajo la ley marcial, las autoridades militares reciben poderes extraordinarios, y las protecciones civiles podrían suspenderse temporalmente, lo que preocupa a muchos ciudadanos y analistas políticos. Esta medida, aunque legal en situaciones excepcionales, ha sido vista como una táctica autoritaria para mantener el control frente a la creciente oposición política y las protestas populares.

La situación en Corea del Sur se está desarrollando rápidamente, y la presión sobre el gobierno de Yoon sigue aumentando. En este contexto, algunos observadores señalan que la declaración de la ley marcial puede ser un intento desesperado por parte de Yoon de aferrarse al poder, recurriendo a una estrategia militar que podría tener repercusiones profundas para la democracia del país. La ley establece que, si una mayoría del Parlamento se opone, la ley marcial debe ser levantada, lo que abre la puerta a una posible confrontación entre el ejecutivo y el legislativo.

A medida que las tensiones continúan escalando, el futuro político de Yoon parece cada vez más incierto, y la historia de Corea del Sur podría estar viviendo un nuevo capítulo en su lucha por equilibrar la democracia y el autoritarismo.