Durante los últimos 11 años, la región de La Araucanía ha dejado de recibir USD 4,343 millones de dólares en inversiones no aprobadas debido a la permisología.

La modernización y reforma del proceso de tramitación de permisos sectoriales es clave para reimpulsar la inversión y el crecimiento económico del país. El proyecto de ley impulsado por el Gobierno busca simplificar procesos, reducir tiempos y aumentar la previsibilidad, incorporando propuestas de gremios y organismos técnicos. Sin embargo, no es suficiente, se requiere repensar protocolos y nos preocupa la agilidad de su tramitación en el Congreso y la coordinación entre ministerios y servicios.

En este contexto, y debido a la demora en la aprobación de iniciativas/obras, la región de La Araucanía enfrenta una compleja crisis económica, lo que la categoriza como una de las zonas más pobres del país. En nuestra región además de toda la traba burocrática propia de un estado vetusto, debemos enfrentar una serie de consultas arbitrarias muchas de ellas asociadas al Tratado 169 de la OIT.

En detalle, durante los últimos 11 años, La Araucanía ha dejado de recibir USD 4,343 millones de dólares en inversiones no aprobadas, y en específico, los últimos 3 años se ha perdido ¼ equivalentes a más de USD 1,232 millones en inversiones debido a proyectos no aprobados, afectando severamente la inversión y perdiéndose casi 9 mil puestos de trabajo.

Desde la Multigremial de La Araucanía, su directora, Claudia Lillo Echeverría, asegura que existe la necesidad urgente de implementar medidas que garanticen resultados efectivos y plazos concretos.

“Consideramos que se pueden disminuir los plazos de manera contundente, y debe existir consecuencias respecto al incumplimiento de estos. No solo debe ser una promesa de mejoramiento, sino que dar mayor certeza de que efectivamente se va a producir mediante obligaciones perentorias, una mayor simplificación y desburocratización de todo el proceso de aprobación, incluyendo la eliminación de trámites de escaso aporte”.

Un gobierno con menos propuestas ingresadas al sistema

En este contexto, la región de La Araucanía enfrenta una crisis económica, en parte atribuida a las demoras en la tramitación de permisos para proyectos en diversas áreas durante la última década.

Es más, el gobierno del Presidente Gabriel Boric, es uno de los gobiernos donde menos proyectos se han ingresado al sistema, siendo 63 los registrados, 11 aprobados, y 52 rechazados, es decir, el 83% de los proyectos no se pueden ejecutar, en comparación con Michelle Bachelet (106) y Sebastián Piñera (130). Es decir 50% menos respecto a SP2 y 41% menos que MB2

“En el caso de La Araucanía, llama la atención que se ingresaron 63 proyectos, y 52 fueron rechazados, es decir, el 83% de las iniciativas no se concretan por burocracia, lo que da cuenta que no hay estímulo a innovación, a la productividad y al desarrollo, no existe prioridad en las inversiones y desarrollo de la región”, señaló Lillo.

Respecto al empleo, el estancamiento en la aprobación de proyectos en La Araucanía durante los últimos tres gobiernos ha generado la pérdida estimada de 31.501 empleos, siendo 8.933 en el gobierno actual.

Casos rechazados que contribuyen al desarrollo económico en La Araucanía

Entre los proyectos rechazados destacan dos iniciativas significativas que aportaban mejoras productivas e innovación ambiental: la construcción de una red de embalses en la zona de Malleco que regaba sectores de reconversión a frutales, proyecto de largo plazo impulsado por empresas filiales de Agrícola Sutil. Cada embalse tiene un costo de 1,2 millones USD, perdiéndose una inversión de 22 millones de USD en la comuna de Galvarino, una de las más pobres de la región y de Chile. Se presentó también el proyecto Waste to Energy (WTE) consistente en dispone del uso de tecnología avanzada para convertir residuos no reciclables en energía, con una inversión de 120 millones USD, una solución innovadora que busca reducir la dependencia de vertederos, desplazamientos ineficientes y reemplazar tecnologías obsoletas en la gestión de residuos.

“Llama la atención que una de las regiones más pobres del país (La Araucanía), no priorice en inversiones tan significativas, que se hacen cargo de dos problemas relevantes como son la falta de agua y el tratamiento de residuos, sino que las rechaza, como es el caso de WTE, temas que desincentiva a los inversionistas tanto locales como extranjeros.”, agregó Lillo.

Cabe destacar que el año 2024 marca un hito negativo al convertirse en el primer año que no tiene aprobaciones en el Servicio de Evaluación Ambiental de Chile en más de una década.