Esta semana, el  Consejo para la Transparencia (CPLT) ofició a las tres primeras entidades de un total de 17 organismos sobre los cuales, acorde a lo anunciado por el organismo, iniciará investigaciones sumarias por solicitudes de información sin respuesta y la no presentación de descargos tras presentarse amparos ante el CPLT. 

A partir de datos recabados por el Consejo entre marzo de 2020 y el mismo mes de 2021, se logró identificar un grupo de instituciones públicas en las que fue posible identificar solicitudes de información sin respuesta en el plazo establecido por ley. Asimismo, se evidenció que en diversos casos tras presentarse un amparo ante el CPLT por denegación de información o falta de respuesta, tampoco presentaban descargos. 

Acorde a los oficios remitidos por el Consejo (S1-21, S2-21 y S3-21) fechados el 24 de mayo), los primeros procedimientos fueron notificados a la Subsecretaría de Interior, la Subsecretaría de Salud Pública y la Subsecretaría de Redes Asistenciales. 

“Iniciamos esta serie de investigaciones sumarias, que desarrollaremos sucesivamente en los próximos meses, acorde a la misión institucional del CPLT de velar por el cumplimiento de la Ley de Transparencia y por lo tanto, fiscalizar a las instituciones de que efectivamente exista una respuesta al derecho fundamental de las personas a solicitar información pública», explicó la titular del Consejo, Gloria de la Fuente. 

Acorde a lo que detalló De la Fuente, el objetivo de estos procesos es establecer posibles responsabilidades administrativas y, en la eventualidad de ser procedente, esto quiere decir, de evidenciar vulneraciones a la Ley de Transparencia “la autoridad, jefatura o jefe superior del servicio requerido podrían enfrentar sanciones”, detalló la presidenta del Consejo. “No podemos adelantar que la multa recaiga en los subsecretarios de las carteras mencionadas, pero no puede descartarse tampoco acorde a la normativa vigente”, agregó.

De acuerdo a lo establecido en la Ley de Transparencia (Nº 20.285) la autoridad, jefatura o jefe superior del servicio requerido, que no respondió o denegó sin fundamento el acceso a la información, puede oscilar entre el 20% y el 50% de su remuneración mensual. Sin embargo, De la Fuente subrayó que “lo más relevante es asegurar que se responda a las personas y se entrega la información que necesitan, hay una persona detrás de cada solicitud. Nuestro lugar es la defensa del derecho de las personas y los organismos y autoridades deben entender que la transparencia no es sólo una buena palabra, tiene que tener un correlato en la práctica. Si no es así, alguien tiene que hacerse responsable”, dijo.

Las solicitudes de acceso a información en 2020, acorde a las cifras del Consejo para la Transparencia, mostraron cierto nivel de  sensibilidad frente a las coyunturas sociales, así como a  temas de alto interés público como la pandemia y el estallido social. 

“Vivimos momentos complejos de una pandemia que tenemos que enfrentar de manera colaborativa. Para ello es clave saber las decisiones y entender los fundamentos de las acciones que toman las autoridades, para así confiar en las instituciones y realizan control social”, dijo la titular del CPLT. “Las autoridades e instituciones deben tener claro que el derecho a acceder a información por parte de la ciudadanía no se suspende, aunque estemos en Estado de Excepción Constitucional. Además es deber de las autoridades entregar información de manera clara y oportuna», agregó.

Información sobre la pandemia

La titular del organismo subrayó que el derecho de acceso a la información es fundamental y la transparencia “es más importante en momentos de emergencia, porque puede salvar vidas”. Esto se hace más evidente, afirmó, “en casos en los que estamos refiriendo a temas de alta relevancia pública. Como Consejo, lo hemos dicho desde el principio de la pandemia esto no sólo aplica a las decisiones sino también a los fundamentos que las sustentan, en particular si se asocian a la pandemia y a su manejo”. 

¿Cuánto durarán las investigaciones?

“Se ha optado por una investigación sumaria y no un sumario, ya que este tipo de  procesos pueden desarrollarse en plazos más razonables,  lo que no quiere decir que no se respeten las garantías del debido proceso. Existen una serie de factores externos a la investigación que realiza el CPLT que impiden decir cuánto tiempo tardará la investigación”, aclaró la titular del organismo.