Publicado por: DiarioTiempo21 | viernes 6 de diciembre de 2024 | Publicado a las: 13:15
Otras resoluciones aprobadas piden igualdad salarial para profesores, acceso a bonos de libre atención en Fonasa y crear un registro de personas con patologías de alto costo.
Con 88 votos a favor y 15 abstenciones, la Cámara respaldó la resolución 1309 que pide al Presidente de la República un proyecto de ley para eximir transitoriamente a los libros del Impuesto al Valor Agregado (IVA).
De acuerdo al autor de la resolución, diputado Eduardo Durán (RN), la baja tasa de lectura en Chile se atribuye, en gran medida, a la dificultad de acceso a los libros, tanto por la limitada oferta de bibliotecas como por el alto costo de los libros.
En ese sentido, la solicitud indica que la exención de impuestos es crucial para fomentar la educación y el desarrollo intelectual en cualquier país.
Además, que está en tramitación una reforma para perfeccionar el sistema tributario y de recaudación. Por ello, se propone, en ese contexto, evaluar una acción que permita a los consumidores finales de libros contar con alguna medida que permita disminuir su valor.
También en materia tributaria, se insistió por medio de la resolución 1312 que solicita al Presidente adoptar medidas para detener o postergar el reevalúo de los bienes raíces agrícolas.
La iniciativa presentada por los diputados Paula Labra (IND) y Jorge Rathgeb (RN), busca mitigar las perjudiciales consecuencias que ello supone para los agricultores en materia de contribuciones, renta presunta o acceso a beneficios estatales.
Al respecto, la información publicada por el Servicio de Impuestos Internos (SII), indica que el avalúo fiscal de los predios agrícolas aumentó un 44%, aumentando en un 2,6% las propiedades afectas a contribuciones.
En tanto, por medio de la resolución 1313 se solicitó al Ejecutivo un proyecto de ley que asegure y respete la igualdad de remuneraciones entre los docentes que ejercen sus funciones en el nivel de educación básica y media.
En ese sentido, el diputado Carlos Bianchi (IND), autor de la solicitud, dijo que es preciso resolver un tema injusto: que por la misma labor las y los profesores de básica reciban una menor remuneración.
Para alcanzar esta igualdad de remuneraciones entre docentes es necesario equiparar la Renta Base Mínima Nacional (RBMN), fijada por la ley para el nivel de Educación Básica o de Educación Media. Pero, esta medida es iniciativa exclusiva del Presidente, ante lo cual se pide que envié una iniciativa para enmendar esta discriminación.
Además, durante la presente semana legislativa, la Sala respaldó tres resoluciones en materia de salud.
La primera, de la diputada Marta Bravo (UDI), es la resolución 1314, pide implementar un Registro Nacional de Personas con Patologías de Alto Costo y un Fondo de Emergencia para su tratamiento.
En sus fundamentos indica que la ley Ricarte Soto abarca 27 patologías lo que, sin embargo, no es suficiente para apoyar a todos los chilenos con enfermedades complejas. Lo anterior, considerando que no existe un catastro unificado entre la red pública y privada, por lo cual muchos de ellos quedan en total desprotección.
En segundo término, se aprobó la resolución 1316 que solicita al Presidente de la República que el diagnóstico de Trastorno del Neurodesarrollo de personas con mayoría de edad, pueda ser consignado en los registros de los Centros de Salud Mental que correspondan.
La solicitud, encabezada por la diputada Karol Cariola (PC), se funda en que, actualmente, cuando la persona cumple 19 años no puede incorporarse en el programa para el pago de prestaciones valoradas debido a la normativa vigente.
Finalmente, las y los diputados respaldaron la solicitud 1318 presentada por el diputado Jorge Saffirio (DEM), sobre compra de bonos Fonasa. Esta pide igualmente al Mandatario instruir a los ministros de Hacienda y Salud iniciar los estudios y modificaciones legales para que los beneficiarios del “Tramo A” de Fonasa puedan adquirir bonos de atención, en la modalidad de libre elección, en prestadores de salud privada.
Ello busca reducir las listas de espera en el servicio público, considerando que hoy existe una restricción para la compra de bonos en dicha modalidad en prestadores privados.
A su vez, con la votación de 72 votos a favor, 23 en contra y 11 abstenciones, la Sala de la Cámara aprobó la resolución 1315 que pide al Presidente presentar un proyecto de ley para declarar feriado el 8 de octubre de cada año, en la Región de Antofagasta. Esta fecha conmemora el combate de Punta Angamos, en 1879, con el cual se puso fin a la campaña naval de la Guerra del Pacífico.
Esta batalla decisiva, donde la flota chilena logró una victoria contundente sobre las fuerzas navales peruanas, aseguró el dominio chileno en el mar y tuvo repercusiones estratégicas significativas durante el conflicto, consolidando la posición de Chile en la Guerra del Pacífico.
De esta manera, plantean sus autores, declarar feriado esta fecha, resaltará el legado histórico, fortalecerá la identidad nacional y promoverá el desarrollo cultural y económico de la región de Antofagasta.
Finalmente, la Sala también aprobó y remitió al Ejecutivo la solicitud contenida en la resolución 1320, del diputado liberal Sebastián Videla, que pide prohibir la construcción de cárceles cerca de barrios urbanos o dentro de la ciudad.
Esto, porque la ubicación de las cárceles en zonas urbanas genera diversos impactos negativos en la comunidad. Estos impactos guardan relación con el bienestar de vecinas y vecinos en materia de seguridad pública, desarrollo social y aspectos económicos de los barrios.
Por otra parte, la resolución 1317 solicita adoptar medidas administrativas necesarias para crear un subsidio permanente de energía eléctrica para los sistemas sanitarios rurales del país, esto con fin de disminuir el alza que afectará a este servicio.
Se busca que este subsidio cubra el consumo eléctrico total de los Servicios Sanitarios Rurales, sin limitarlo a horarios punta ni a períodos específicos del año. Todo esto, a juicio de su autora, la diputada Marta Bravo (UDI) con el fin de asegurar la sostenibilidad y eficiencia del suministro de agua potable en zonas rurales.
Así como, la resolución 1310, del diputado José Miguel Castro (RN) para que el gobierno analice la viabilidad de incorporar al Plan de Garantías Explicitas de Salud AUGE/GES, la enfermedad de uveítis.
Esta es una enfermedad recurrente y puede requerir tratamiento a largo plazo para controlar los síntomas y prevenir recaídas. Sin embargo, el tratamiento no está dentro de la Ley Ricarte Soto, ni dentro de la del AUGE/GES, y los medicamentos indicados, tiene un costo promedio de 800 mil pesos mensuales. Por lo tanto, quienes padecen esta enfermedad quedan a la deriva o impedidos de cualquier posibilidad de tratamiento.