En un hecho inédito durante la actual administración de los gobiernos regionales, el Consejo Regional de la Araucanía resolvió, por mayoría, hacer un voto político de rechazo al veto impulsado por el Gobierno Central a la Ley Usurpaciones.

La decisión política contó con el voto transversal de 19 de los veinte consejeros regionales, y la abstención de solo uno de ellos, el consejero Miguel Jaramillo; respaldando así este llamado de atención, que establece que la definición del Gobierno Central es una mala decisión, dado que impacta negativamente en la situación que enfrentan los habitantes de La Araucanía víctimas de estos delitos, quienes llevan años clamando por una legislación que haga presente al Estado en una materia que afecta gravemente sus derechos fundamentales.

En ese sentido, el gobernador Luciano Rivas manifestó que se trata “de un veto anti-democrático, que no solo socava la voluntad del Congreso Nacional, sino que también pasa por encima de la opinión de quienes vivimos en el sur de Chile y de las víctimas de usurpaciones, que tanto han sufrido. Nos preguntamos, ¿para quién legisla el gobierno?, ¿para las víctimas y la gente inocente o para los delincuentes y criminales que cometen usurpaciones?”.

“Quienes vivimos en el sur sabemos que no existen usurpaciones pacíficas. Toda usurpación es un acto violento, que atenta contra la democracia y los Derechos Humanos. Recordamos, en este sentido, que la Declaración Universal de los Derechos Humanos señala que ‘nadie será privado arbitrariamente de su propiedad’. Por tanto, el gobierno se equivoca. Para nosotros este es un tema que no puede tomarse a la liviana. Los conceptos usados grafican cómo pensamos y cómo proyectamos hacia la gente nuestras creencias y convicciones, y la mía es estar con las víctimas”, agregó.

El líder regional destacó que la ley aprobada por el Congreso es un avance que regula el vacío legal que existe frente a un delito cada vez más recurrente. “Son más de 150 usurpaciones anuales, 3.5 semanales, las que vivimos en el sur de Chile. Sabemos que en el caso de la “defensa privilegiada” puede existir un debate abierto, pero en el caso de las sanciones de cárcel en La Araucanía no tenemos dudas: estas deben ser penadas severamente. Por eso, rechazamos la pena alternativa agregada por el Gobierno, que establece la posibilidad de multas en ciertos casos. Pedimos al gobierno enmendar el rumbo y retirar este veto de la discusión”, afirmó.

Por último, el gobernador Rivas advirtió que “es hora que se escuche la voz de quienes vivimos en regiones, de las víctimas, de La Araucanía. Esto no se puede tratar de un tema ideológico ni un favor político para ciertos partidos de la coalición oficialista. La usurpación es un acto violento, que atenta contra los Derechos Humanos”.