El subsecretario del Interior, Luis Cordero, salió al paso de las críticas a la medida de regularización acotada para migrantes, explicando que el Ejecutivo busca un proceso que beneficie tanto la seguridad como la economía del país. En medio de la controversia, que ha sido rechazada por la oposición como un posible «perdonazo» para quienes ingresaron de forma irregular, Cordero detalló los fundamentos que respaldan esta iniciativa.

Según el subsecretario, la regularización está dirigida a quienes participaron de buena fe en el proceso de empadronamiento, lo que permitiría al Gobierno tener un mejor control sobre la presencia de migrantes en Chile. “Hay razones de seguridad y económicas para este estudio. Queremos saber dónde están estas personas, evitando su exclusión y protegiéndolas de situaciones de vulnerabilidad, como la exposición a bandas criminales o la comisión de delitos”, explicó Cordero.

Desde el punto de vista económico, Cordero mencionó estudios realizados por el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, que demuestran los beneficios de los migrantes para la economía del país. Sin embargo, aclaró que no todos los 182.000 migrantes empadronados serán objeto de regularización. El proceso, indicó, se someterá a ciertos requisitos específicos.

El subsecretario también desestimó la idea de que este proceso podría generar un “efecto llamado” para nuevos migrantes, señalando que no existe evidencia que lo respalde, citando los informes internacionales que apuntan en sentido contrario. Además, precisó que el Ejecutivo sigue evaluando la medida, que no se implementará antes de final de año debido a la necesidad de cumplir con requisitos legales y administrativos.

El proceso está siendo cuidadosamente analizado, con la expectativa de que se den a conocer detalles en los próximos meses, una vez que se resuelvan los aspectos legales pendientes, incluido el Tribunal Constitucional.