Dejar sin efecto las resoluciones que originaron el alza en la tasación de los bienes raíces agrícolas con entrada en vigor el 1 de enero de 2020, es el objetivo de la demanda civil de nulidad de derecho público en contra del Servicio de Impuesto Internos (SII) ante el Sexto Juzgado Civil de Santiago. que interpuso el Consorcio Agrícola del Sur (CAS) con el apoyo de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) y otros gremios afines.

“Nosotros estuvimos trabajando durante un año en una mesa convocada por SII, que la presidía el entonces subsecretario de Hacienda, Francisco Moreno, donde planteamos lo injusto de este reavalúo sobre todo porque no se había considerado lo que dice la ley, que es usar el potencial productivo de cada campo”, manifestó José Miguel Stegmeier, presidente del CAS.

El dirigente de la federación que reúne a los principales gremios agrícolas del sur de Chile (Asoñuble, Socabío, SOFO, SAVAL, SAGO y Agrollanquihue) dijo que a pesar del trabajo de esta mesa, y de haber expuesto que existen  campos en La Araucanía  que tienen cero producción por estar  afectados por la violencia o usurpaciones , y campos de la zona central que no pueden producir por la escasez de agua  debido a la sequía, igualmente se mantuvo el criterio de no modificar este reavalúo, pues  no hubo ninguna respuesta formal del SII ni del Ministerio de Hacienda. “Esta situación nos obligó a presentar esta demanda, ya que Impuestos Internos no interpretó correctamente la ley y aplicó otros criterios. Esperamos que los tribunales sigan su curso de acción respecto de esta causa.”, subrayó Stegmeier

La acción legal está patrocinada por el estudio jurídico de la ciudad de Concepción Paulsen y Carrasco, por intermedio de sus abogados, Julián Carrasco y Christian Paulsen. Según los profesionales, la demanda sostiene la ilegalidad de las resoluciones impugnadas por no haberse cumplido los presupuestos legales para su dictación. Cabe agregar que en muchos casos el avalúo resultante del proceso impugnado – sin sustento jurídico en concepto de la demandante- ha significado un aumento en el avalúo de los terrenos agrícolas con variaciones inclusive sobre el 100% para gran parte de los afectados.

Lo dicho, según los demandantes, contraviene disposiciones legales expresas en cuanto a la generación de las tasaciones agrícolas con afectación relevante para los actores de la actividad agrícola y se han visto obligados a accionar por esta vía ante la negativa de la autoridad a explicar a qué obedecía tan sustancial aumento del avalúo y cargas tributarias.

Según el presidente del CAS, este reavalúo no solo afectó a las contribuciones como tales, sino que también a todos los agricultores que declaran en base a renta presunta, ya que el incremento fue considerablemente más alto de lo que estaban habituados a pagar. “Esta desmedida resolución ha impactado  a toda la actividad agrícola nacional, pero por sobre todo a los pequeños agricultores , pues por una parte fijan los montos de las contribuciones de bienes raíces a pagar, pero por otra, establecen la base imponible de los pequeños y medianos productores que tributan bajo renta presunta”, concluyó Stegmeier.