“Considerar las divergencias surgidas con ocasión de la tramitación del proyecto de ley que reforma el Código de Aguas”.

Con este mensaje, la Comisión Mixta de 10 diputado/as y senadore/as está convocando a su primera reunión de trabajo temático, luego que a fines de octubre se constituyera eligiendo a la senadora Adriana Muñoz D’Albora (PPD) como su presidenta.  La sesión se desarrollará el martes 30 de noviembre a partir de las 15 horas.

En la ocasión se revisará el informe elaborado por una comisión técnica entre los asesores de las y los legisladores, la Dirección General de Aguas y el ex director DGA Carlos Estévez, con el fin de avanzar en puntos de encuentro relacionados con las controversias que serán discutidas durante la tramitación. Además, la secretaría debiera presentar un compilado con las principales divergencias.

Las divergencias

Las principales controversias se refieren a los plazos para la causal de extinción, la situación de las turberas en la Patagonia, procedimientos relativos a las “aguas del minero” y el régimen que se aplicará a los derechos de agua ya entregados, entre otras.

Por ejemplo, se discutirá el artículo agregado por el Senado que señala que “los titulares de pertenencias mineras y de concesiones mineras de exploración que a la fecha de entrada en vigencia de esta ley estuvieren utilizando las aguas halladas en virtud de sus labores mineras y de conformidad a lo dispuesto en los artículos 56 bis de este Código y del artículo 110 del Código de Minería, deberán informar a la Dirección General de Aguas los volúmenes extraídos con la forma y los requisitos prescritos en el inciso final del artículo 56 bis del Código de Aguas en el plazo de dos años contado desde la entrada en vigencia de esta ley”. 

También la pérdida del derecho de aprovechamiento en el caso de no uso.  La Cámara aprobó que el plazo para extinguirlos fuera de 4 años para los consuntivos, 8 para los no consuntivos, lo cual fue modificado por el Senado de 5 y 10 años respectivamente.

Asimismo se resolverá lo relacionado con el artículo aprobado por la Cámara que “prohíbe la constitución de sistemas de drenaje en las zonas de turberas existentes en las regiones de Aysén y de Magallanes y Antártica Chilena”.  Los senadores habían agregado el siguiente inciso: “Excepcionalmente, y en la medida que cuenten con una resolución de calificación ambiental, se permite el desarrollo de proyectos públicos de conectividad vial, en fajas acotadas, con el trazado menos invasivo para dichas zonas y con obras que permitan un flujo de las aguas que permitan la mantención de dichos sistemas ecológicos”.

Desde la ciudadanía se ha planteado que tal evaluación sea mediante Estudio de Impacto Ambiental (y no sólo declaración) y que las obras “sean necesarias para el desarrollo de las actividades de usos sustentables por parte de comunidades locales e indígenas y para la ejecución de obras de conectividad y servicios básicos indispensables para estas comunidades”, con el fin de no privilegiar actividades privadas industriales bajo el concepto de “proyectos públicos de conectividad vial”.

Además de Muñoz, la comisión está integrada por las y los senadores Claudio Alvarado Andrade (UDI), Alfonso de Urresti Longton (PS, quien fue reemplazado en esta primera sesión por Álvaro Elizalde Soto), Rodrigo Galilea Vial (RN) y Jorge Pizarro Soto (DC); y las y los diputados Gabriel Ascencio Mansilla (DC), Daniella Cicardini Milla (PPD), Juan Antonio Coloma Álamos (UDI), Diego Ibáñez Cotroneo (Convergencia Social) y Luis Pardo Sáinz (RN) (en reemplazo permanentemente de Frank Sauerbaum Muñoz).

Una década de espera

La reforma al Código de Aguas lleva más de 10 años de tramitación.

El 17 de marzo de 2011 el proyecto fue ingresado a tramitación en la Cámara de Diputados, siendo patrocinado por los entonces diputados Enrique Accorsi (PPD), Alfonso De Urresti (PS), Enrique Jaramillo (PPD), Roberto León (DC), Fernando Meza (PRSD), Andrea Molina (UDI), Leopoldo Pérez (RN), Alejandra Sepúlveda (FRVS), Guillermo Teillier (PC) y Patricio Vallespín (DC).

Luego de pasar en la Cámara Baja por las comisiones de Recursos Hídricos, Agricultura y Hacienda la iniciativa fue aprobada en noviembre de 2016.  En el Senado fue revisada por las comisiones de Recursos Hídricos, Agricultura y Constitución, y aprobada por la sala el 4 de agosto pasado.  En la Cámara de Diputados las enmiendas fueron revisadas por la Comisión de Recursos Hídricos y votadas por el pleno el martes 7 de septiembre, pasando a la Comisión Mixta las propuestas que no lograron acuerdo entre ambas corporaciones.