La Federación Nacional de Asociaciones de Funcionarios de los Gobiernos Regionales de Chile, FENAFGORE, tiene el deber de dirigirse a la opinión pública y al Gobierno actual, en primer lugar, con el fin de solidarizar con todos los Servicios Públicos que están sufriendo desvinculaciones ilegales, cuyos jefes de servicios están soslayando y por ende, vulnerando flagrantemente los derechos laborales de los trabajadores del Estado, derechos que son Fundamentales, validados por el derecho internacional, que a lo largo de la historia, diferentes Gobiernos de Chile han comprometido respetar, en instancias como la OIT, las Cumbres Iberoamericana que reconocen la función pública,  entre otros; y en segundo lugar, realizar un llamado al Gobierno para que reconozca que el capital humano del ESTADO son precisamente los funcionarios públicos, que día a día trabajan de modo anónimo,  constituyéndose en un soporte fundamental para la promoción del bien común, atendiendo las necesidades públicas de manera continua y permanente, contribuyendo al desarrollo del país (Ley 18.575, Art. 3).  Somos las manos del estado y sus habilidades dependen del cerebro que ordena las funciones, no de otras manos.

No es normal que desde la asunción del Gobierno y durante estos cinco meses de administración, éste continúe con una política sistemática y descontrolada de desvinculaciones de funcionarios de carrera, quienes por muchos años han cumplido con labores propias de sus servicios en beneficio de la comunidad y las personas, por el solo hecho de querer instalar a ultranza una determinada ideología política.

No es normal, por derecho Fundamental, que los funcionarios comiencen a ser tratados como objetos desechables, sin respeto a sus derechos laborales, sin consideración al Estatuto Administrativo y se intente por el  solo imperio del poder, eliminar procedimientos que regulan las relaciones laborales entre trabajadores y estado desde hace varias décadas, como son los procesos evaluativos o Calificaciones.  (Ley 18.575, Art.7, 11, 16, 17)

 No es normal que por cada trabajador despedido ilegalmente, se deban ejecutar procesos judiciales laborales, donde por el imperio de la justicia, el Estado sea obligado a cancelar derechos de protección laboral como son las indemnizaciones y la previsión impaga por muchos años de servicio, lo que se carga a la cuenta de cada contribuyente y cada chileno.

Observamos que los despidos masivos tienen la intención de reducir personal para contratar a los directivos y asesores con mejores remuneraciones, que las que habitualmente se han ganado en periodos de gobiernos anteriores en los mismos cargos, pero eso también debe estar regulado por los Ministerios y Órganos competentes. Sentimos que el Gobierno  hoy tiene un trato indigno hacia los trabajadores, partió motejándonos de operadores políticos y hoy presume del poder para generar un diálogo autista, que concluye con los despidos ilegales.

Señores Gobernantes, la buena noticia es que, un gobierno no va a ser mejor ni peor por la desvinculación de funcionarios, que cumplen sus funciones de acuerdo a lo que las jefaturas le asignan. Un gobierno se construye con diálogo, respeto a las personas, a sus derechos laborales, que son el resultado de grandes luchas y acuerdos, que están debidamente regulados,  reforzando capacidades y competencias, demostrando capacidad de gobernar. 

Mantenemos la esperanza de construir un Trato Laboral justo, respetuoso y digno, basado en la confianza y no en el temor ni la persecución, solicitamos respetar el Art. 51 del Título II de la Ley citada.

FEDERACION DE ASOCIACIONES DE FUNCIONARIOS DE GOBIERNOS REGIONALES-FENAFGORE

FIRMAN EN SU REPRESENTACION: