“El Proyecto de Ley Marco de Cambio Climático – actualmente en primer trámite constitucional – obligará a los municipios a elaborar sus propios Planes de Acción Comunal de Cambio Climático (PACCC) si es finalmente aprobado. Sin embargo, cabe preguntarse, ¿tienen los municipios realmente las capacidades financieras y técnicas para hacerse cargo de esta labor? Ciertamente, los más pobres y rezagados no las tendrán”.

Escribe: Gonzalo Vial, director ejecutivo Fundación Huella Local.

Diversos estudios nacionales e internacionales han demostrado que Chile es altamente vulnerable a los efectos del cambio climático. La disminución de las precipitaciones, alzas en las temperaturas, sequías, e inundaciones costeras son algunos efectos que ya estamos viviendo en Chile producto del cambio climático. Enfrentar estos desafíos va a requerir de la imperiosa participación de los gobiernos locales pues serán éstos los responsables de identificar las fragilidades de los territorios, los impactos locales actuales y potenciales, y promover soluciones para mitigar estos efectos.

Por otra parte, la participación de la sociedad civil en la acción climática es promovida por la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y el Acuerdo de París. En Chile, los municipios cumplen un papel determinante en el fomento de la participación de la sociedad civil. Estas instituciones dinamizan la asociatividad local y posicionan demandas y propuestas construidas desde la realidad local. Así, organizaciones comunitarias territoriales y funcionales, ONGs y universidades deben estar convocadas a participar y comprometer acciones para enfrentar la actual crisis que vive el país y el mundo.

Dada la diversidad territorial, parece razonable transferir responsabilidad y promoción de acciones de adaptación y preparación de los territorios a los niveles subnacionales, contraria a lógica centralista de nuestras políticas públicas.  En efecto, el año 2013, la ONG Adapt-Chile propuso la generación de respuestas al cambio climático a nivel municipal. Así, ya son 56 municipios los que han incorporado el cambio climático a la gestión municipal y entre estos, 25 han elaborado planes locales de cambio climático. Sin embargo, todavía 320 no han podido abordar este desafío.

Según un estudio del PNUD que identifica las brechas relacionadas a la participación de los gobiernos locales en acciones climáticas indica que los municipios tienen escasas atribuciones y recursos para abordar materias de mitigación y adaptación al cambio climático. Asimismo, el estudio concluye que los equipos profesionales dedicados a temas ambientales dentro de las municipalidades son pequeños – en algunos municipios, incluso son unipersonales –, y tienen escasas capacidades técnicas para interpretar datos y formular proyectos.

El Proyecto de Ley Marco de Cambio Climático – actualmente en primer trámite constitucional – obligará a los municipios a elaborar sus propios Planes de Acción Comunal de Cambio Climático (PACCC) si es finalmente aprobado. Sin embargo, cabe preguntarse, ¿tienen los municipios realmente las capacidades financieras y técnicas para hacerse cargo de esta labor? Ciertamente, los más pobres y rezagados no las tendrán. Sin ir más lejos, un tercio de las comunas de Chile no cuenta con PRC y otras tantas no logran actualizar a tiempo sus Pladeco.

Por lo tanto, creemos que es importante: 1) que la nueva Ley contemple financiamiento para su implementación en el nivel local; 2) desarrollar propuestas metodológicas para el desarrollo de estos planes con una fuerte componente de participación comunitaria, más aún en territorios rurales, con alto grado de vulnerabilidad frente al cambio climático y escasas capacidad para la elaboración de los PACCC; 3) trabajar con municipios que se localicen en zonas climáticas “representativas” de los distintos impactos del cambio climático nivel nacional para luego poder transmitir experiencias y generar soluciones escalables.

El desafío es urgente, esperamos que se incorpore con mayor fuerza en el debate presidencial, así como en la discusión de la Convención Constitucional. Lo relevante es distinguir a los municipios y sus comunidades como los principales agentes sociales y del Estado para generar soluciones oportunas, pertinentes y descentralizadas para enfrentar los efectos del cambio climático en Chile.