Aunque con algunas modificaciones, la Cámara de Diputados dio un contundente respaldo al proyecto de ley sobre fortalecimiento de la regionalización y lo aprobó en forma unánime con 101 votos a favor.

De esta manera, la iniciativa pasó a su tercer trámite constitucional en el Senado, para que se pronuncie sobre los cambios hechos en la Cámara.

Al respecto, el subsecretario de Desarrollo Regional, Ricardo Cifuentes, destacó el apoyo transversal que recibió el proyecto y señaló que este coincide con el estudio en particular, en la Comisión de Gobierno del Senado, de la reforma constitucional sobre elección de intendentes, lo que “es muy bueno por tratarse de iniciativas complementarias”, expresó.

No obstante, lamentó que los diputados no hayan aprobado el artículo que establece que el Consejo Regional aprobará marcos e ítems presupuestarios a propuesta del intendente en su calidad de ejecutivo del Gobierno Regional y no a través de la votación proyecto a proyecto.

Sobre el particular, el subsecretario Cifuentes anunció que dicha disposición y otras serán nuevamente discutidas en el Senado y posteriormente, en Comisión Mixta.

El titular de la SUBDERE agregó que se va a evaluar el camino a seguir con los artículos rechazados por la Sala, de manera de decidir si se va a insistir con ellos en el Senado o se buscará alcanzar un acuerdo con los parlamentarios.

Cabe destacar que entre esas disposiciones se encuentran el carácter vinculante de la definición de las condiciones de localización para la disposición de los distintos tipos de residuos y sus sistemas de tratamiento; las condiciones de desarrollo de las infraestructuras y actividades productivas; y el establecimiento expreso de que el instrumento debía reconocer las áreas que hayan sido colocadas bajo protección oficial, por su valor ambiental, natural o cultural.

Por último, fueron rechazados los artículos que establecían que las funciones generales de ordenamiento territorial, fomento de las actividades productivas y de desarrollo social y cultural, debían ser ejercidas en forma coherente y concordante con las políticas públicas nacionales.