RIO DE JANEIRO.- Todo empezó con la acción de una simple ciudadana. Adriana Lemes se indignó al leer en el diario local que los concejales de su municipio buscaban duplicarse el sueldo pese a la crisis que vive Brasil, y decidió ir a la Cámara Legislativa a quejarse. Podría haber sido una protesta aislada, pero gracias a un video y a la repercusión en las redes sociales, su queja se transformó en un movimiento de presión que se esparció por una veintena de ciudades en varios estados y logró algo insólito: que los políticos se redujeran sus propios salarios.

«Me pareció una vergüenza lo que pretendían hacer los concejales. Sobre todo en este momento, cuando es necesario economizar y utilizar mejor el dinero público para que no falten servicios básicos, como salud y educación, en medio de las dificultades que atraviesa el país. Todos tenemos que hacer nuestro esfuerzo y más ellos que nos representan», contó a LA NACION Lemes, dueña de una tienda de regalos en Santo Antonio da Platina, ciudad de 45.000 habitantes en el estado de Paraná.

A mediados de julio, al leer la noticia sobre la primera votación que habían realizado los políticos para aumentarse el suelo de 3500 a 7500 reales (de 882 a 1890 dólares), Lemes no lo dudó y convenció a su marido, Rubens, empresario cafetero, para ir al día siguiente a la Legislatura. Los nueve concejales la trataron despectivamente. Para su suerte, otra persona que estaba allí grabó con su celular la acalorada discusión y esa misma noche subió el video a varias páginas de Facebook. De la noche a la mañana, la grabación se viralizó.

«Al otro día, los comercios cerraron más temprano para que la gente pudiera ir a la Cámara a expresarse cuando se hiciera la segunda votación necesaria para aprobar definitivamente el aumento. La sala estaba repleta. Fue lindo, un show de ciudadanía. A los concejales les agarró miedo y dieron marcha atrás. ¡Terminaron votando a favor de una enmienda para recortarse sus salarios!», resaltó aún emocionada esta mujer de 43 años.

Gracias a su exitosa resolución, el caso de Santo Antonio da Platina fue imitado en la vecina Jacarezinho, donde los habitantes lograron que la Legislatura bajara sus sueldos en un 30%. Las noticias llegaron entonces a oídos del padre Aparecido Porto, de la parroquia de San Pedro, en Mauá da Serra, un pueblo de 10.000 personas, donde los legisladores locales también querían otorgarse un ajuste salarial del 75%. Al siguiente domingo, en la misa, el párroco comentó lo sucedido en las otras dos ciudades y subrayó que sería un buen camino a tomar en su municipio. «Los concejales se enteraron a través de la esposa de uno de ellos, que estaba en la misa, y pidieron una audiencia con el obispo regional, Dom Celso, para solicitarle mi transferencia», relató el padre Porto.

Sin embargo, los fieles se enteraron de la reunión con el obispo y, con otros curas, comenzaron a organizar colectivos para acudir también y dejar en evidencia las intenciones de los políticos. Asustados, los concejales cancelaron la audiencia y, además, recularon en su proyecto; al final, aprobaron una poda de sus sueldos. «Quedé muy agradecido con el pueblo y contento porque la verdad y la justicia prevalecieron. Hay funcionarios públicos que se merecen salarios altos, pero un concejal aquí apenas trabaja un día a la semana. Es especialmente en tiempos de crisis que hay que demostrar solidaridad con los demás, no buscar enriquecerse», afirmó Porto.

Con la intervención de la Iglesia, las luchas de estas localidades de Paraná se ganaron espacio en los diarios y noticieros nacionales. Rápidamente, su ejemplo trascendió y, en el último mes, más de 20 ciudades pequeñas vieron surgir movimientos similares en San Pablo y Minas Gerais. «Veo lo que está ocurriendo con mucha esperanza, la gente se está despertando», comentó el director de marketing Emerson Araújo, 29, quien en agosto lideró una protesta en Diamantina, Minas Gerais, donde los concejales del municipio personas querían crear un aguinaldo.

Autor de una novela titulada Revolucionarios y del popular blog «Dragón urbano», Araújo organizó un acto de rechazo a través de Facebook al que acudieron más de 200 personas para exigir el veto del controvertido proyecto. Una semana más tarde, los pobladores lograron su objetivo, y ahora Araújo junta firmas para reducir el salario del alcalde, su vice y los concejales.

«Se trata de un fenómeno que tiende a expandirse por las ciudades del interior, son personas que actúan legítimamente para intentar moralizar a sus comunidades. Pero que es difícil que llegue a las capitales estatales, donde los políticos cuentan con más estructuras y seguridad. De cualquier manera, en la crisis que estamos viviendo, no se puede saber cómo evolucionarán estas acciones. Dos años atrás, unas manifestaciones de estudiantes por el libre pase en los colectivos de San Pablo acabó generando masivas protestas en todo el país contra el Mundial y a favor de mejoras en los servicios públicos», recordó Flavio Britto, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Brasilia.