La Cámara Baja aprobó en primer trámite la iniciativa, que prohíbe pagar los honorarios de los defensores privados en efectivo, sino que por medio de un sistema electrónico o bancario.

Por unanimidad, este lunes la Cámara Baja aprobó un proyecto de ley que el diputado por la Región de La Araucanía, Henry Leal (UDI), presentó en septiembre del año pasado junto a un grupo de parlamentarios de su bancada, para que los tribunales de justicia obliguen a acreditar el “origen lícito” de los dineros que se utilizan para pagar fianzas o contratar abogados, cuando se trate de delitos contenidos en la Ley 20.000 (sobre drogas) o en causas asociadas a organizaciones criminales.

Al respecto, el parlamentario explicó que la iniciativa surgió a raíz de la polémica que se originó en dos oportunidades en la Región de Coquimbo, luego que los juzgados de garantía de Ovalle y Los Vilos dejaran en libertad a 23 integrantes de una banda investigada por narcotráfico y a cinco miembros del Tren de Aragua a cambio de una fianza de $2 millones y $5 millones, respectivamente.

Por lo mismo, considerando el poder adquisitivo que suelen mantener las asociaciones criminales que operan en el país, la Cámara de Diputados aprobó que en las investigaciones por tráfico de drogas, conductas terroristas o asociación delictiva los abogados defensores deban recibir sus honorarios por medio de un sistema de pago que sea distinto al efectivo, como por ejemplo cheques, vale vista, transferencia electrónica u otro, obligando a los profesionales a tener que entregar dicha información a la Unidad de Análisis Financiero, evitando así que el origen de los recursos sea ilícito.

“Todos sabemos que uno de los objetivos del crimen organizado es permear los distintos espacios públicos y del Estado, y lo hacen a partir del poder adquisitivo que ostentan. Por eso es importante aumentar los requisitos en un área tan importante, como es el judicial, porque es inentendible que por medio de recursos que provienen de sus actividades ilícitas, como por ejemplo el tráfico de drogas, las amenazas o las extorsiones, puedan pagar una fianza para liberar a sus integrantes o estén costeando los honorarios de sus abogados”, cuestionó el representante del Distrito 23, quien agregó que “aquí existe una responsabilidad mayor por parte de los tribunales de justicia, que no pueden desentenderse de a quién se está investigando y de dónde podrían venir todos los recursos”.

En cuanto a los otros detalles del proyecto aprobado, el diputado Henry Leal precisó que al concluir su defensa o cuando renuncien a ella, los abogados particulares deberán acreditar ante el tribunal respectivo el pago que recibieron por sus servicios, arriesgando incluso la suspensión del ejercicio de la profesión por un período de seis meses hasta un año si es que incumplen con dicha obligación.

En ese contexto, el representante de la Región de La Araucanía aclaró que el objetivo de la iniciativa no es “criminalizar” a los abogados que defiendan causas judiciales contra organizaciones criminales o de narcotráfico, sino que sólo garantizar que los recursos involucrados no tengan un origen ilícito.

“En medio de la grave crisis de seguridad que estamos viviendo, es absolutamente inaceptable que hoy los tribunales estén permitiendo la contratación de abogados u otorgando libertad bajo fianza sabiendo que esos recursos pueden provenir de actividades ilícitas”, reiteró el diputado Henry Leal.