La Asociación de Funcionarios/as de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB) -AFAEB-, con el respaldo de la ANEF y la FENAEDUP, realizó hoy una presentación en la Contraloría General de la República, para requerir al organismo de control investigar todas las irregularidades en el actual proceso de modernización y de las licitaciones públicas de la JUNAEB.

Específicamente se solicita una auditoría con la finalidad de determinar de manera oportuna, eficiente e imparcial, si existen incumplimientos e infracciones a las normas jurídicas atingentes, con motivo del proceso de restructuración y licitaciones de funciones de “apoyo”, con motivo de dos procesos licitatorios conocidos este último mes. Para el caso de constatar incumplimientos o ilegalidades, esperan que se realicen las recomendaciones, se hagan las observaciones y si es necesario, se instruya un sumario administrativo en la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas de la Región.

En este contexto, la presidenta de AFAEB, Carolina Pizarro, indicó que, esta situación no es algo menor ya que “se pone en riesgo el manejo y acceso a información al entregar datos sensibles de estudiantes a empresas privadas, la calidad de las supervisiones, las sanciones a las infracciones detectadas, dando lugar incluso a la ilógica situación de tener funcionarios supervisados por empresas privadas, en lugar de reforzar el control sobre privados. Además, nos preocupa la intermediación de empresas para contratación de trabajadores, pues contribuye a la precarización laboral, con un alto margen de ganancia (50% en algunos casos de lo que se paga va para la empresa, y 50% para el/la trabajador/a)”.

Agregó que los trabajadores de Junaeb “nos oponemos a estos cambios, y denunciamos esta intención privatizadora, porque creemos que lo que las personas necesitan son instituciones fuertes, garantes de derechos y no instituciones que resguardan los intereses de las empresas privadas. Esta es nuestra 3ª semana de paro, y seguiremos radicalizando este movimiento, pues como funcionarios públicos creemos y defenderemos con fuerza el rol público de nuestra institución”, afirmó.

Por su parte, el presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Educación Superior, FENAEDUP, Wilfredo Terzán Pino, expresó su apoyo a la AFAEB y precisó que, ante las dudas sobre los procedimientos administrativos, los funcionarios públicos tienen la obligación de hacer las denuncias correspondientes. Agregó que como federación, les preocupa la constante imposibilidad de diálogo que ha existido desde la Dirección de Junaeb con su asociación, y comparte que esta debe ser con posibilidad de resolución y no meramente informativa.

Desde la ANEF reiteraron su solidaridad con las demandas de su afiliada AFAEB, quienes cumplen tres semanas en paro, y apuntaron al secretario ejecutivo de la JUNAEB, Jaime Tohá Lavanderos, como el responsable de la mala administración y gestión de ese servicio. Además, acusaron un deficiente manejo en un proceso de modernización que ha sido impuesto por dicha autoridad y destacaron la fuerza y convicción con que AFAEB ha defendido la función pública.

“Esperamos que la Contraloría pueda revisar estas denuncias y pueda emitir un informe que detenga este abuso de poder del señor Tohá”, dijo el presidente de la Agrupación, José Pérez Debelli.