Por Federico Aguirre, Jefe Sede Regional La Araucanía, Instituto Nacional de Derechos Humanos.

No se trata de instar por establecer una verdad histórica, acerca de lo ocurrido hace 50 años en nuestro país. Es legítimo que tengamos interpretaciones diversas acerca de cuáles fueron las causas que hicieron posible el colapso del régimen democrático.

Sin embargo, en ese debate, debemos reconocer una frontera que no resulta aceptable sobrepasar, o si se quiere, un espacio en el que debiésemos encontrarnos.  Ello se debe expresar en el principio, conforme al cual, nada puede y debe justificar, las violaciones sistemáticas a los derechos humanos, como medio para resolver las fracturas que puedan afectar a una sociedad.

Testimonios de esas violaciones a los derechos humanos, que hasta el día de hoy claman por verdad y justicia, son las vidas mutiladas de miles de detenidos/as desaparecido/as; otros miles de hombres, mujeres e incluso niños/as, ejecutados/as al margen de cualquier debido proceso; la aplicación masiva de la tortura; el exilio; la censura previa; la perdida de libertades básicas, como las de asociación, reunión y manifestación.

Es lo que los tribunales del país, de manera uniforme y reiterada, califican como crímenes contra la humanidad. Eso es lo que sucedió en nuestro país, y eso es lo que debemos, sin ambages, repudiar y condenar.

¿Hay alguna garantía para que aquello no vuelva a ocurrir? No es fácil responder a esta pregunta, cuando hay un importante sector de la sociedad, dispuesta a justificar dichos crímenes y en la actualidad, a sacrificar las libertades y derechos fundamentales, en aras de combatir flagelos que apremian la convivencia social. Es precisamente, una conciencia sólida, en torno al valor de los derechos humanos, y el límite que su respeto y protección suponen a la acción del estado, lo que de manera eficaz contribuye a garantizar la no repetición.