La resolución de la Corte Suprema, que el pasado 29 de diciembre, acogiendo un recurso de nulidad presentado por la defensa por falta de imparcialidad de uno de los jueces, anuló la condena de 20 años de cárcel a Martín Pradenas por delitos de violación y abuso sexual a seis mujeres, ordenando la realización de un nuevo Juicio, “sin duda constituye la etapa más compleja del caso”, afirma el abogado Sergio Gómez. El profesional, que forma parte del Centro de Atención a Víctimas (CAVI) de Temuco de la Corporación de Asistencia Judicial de la Araucanía (CAJ), añade que la repetición del Juicio es un costo que será asumido por las víctimas, “sobre todo por el desgaste emocional y la frustración que implica volver a hacer todo, lo que genera una agudización del proceso de victimización”, afirma.

Esto último no es menor, pues precisamente la “Ley Antonia” -promulgada en diciembre de 2022- incluye un estatuto de garantías para evitar la revictimización, incorporando, además, las figuras de inducción al suicidio y el suicidio femicida en casos de víctimas de violencia sexual, que surgieron precisamente a raíz del caso de Antonia Barra, del cual el CAVI Temuco se hizo parte como querellante desde el mes de junio de 2020.

En este mediático caso, con todas sus repercusiones legales, el CAVI Temuco ha representado judicialmente a dos víctimas, además de brindarles atención psicológica reparatoria junto a una tercera. Para el abogado Sergio Gómez, la representación jurídica ha significado un enorme trabajo de estudio de antecedentes, coordinaciones y reuniones permanentes con el fiscal de la causa, “además del contacto permanente y atención en el Juicio con las representadas, que ahora debe repetirse, con todo lo que eso implica”, dice, destacando también el trabajo interdisciplinario con el área psicológica, en especial del psicólogo del Centro, Hernán Saavedra, quien participó como testigo experto en el Juicio Oral.

El abogado añade que el gran desafío del caso de Martín Pradenas -quien permanece en prisión preventiva-, ha sido trabajar en temas diversos como la prescripción, amparos, apelaciones y nulidad, “que en general están presentes de manera diversa en varios casos, pero que acá se reúnen en uno solo”, afirma. Para el profesional, otro desafío importante ha sido el tema de la organización interna del Centro, pues el CAVI sólo cuenta con dos abogados litigantes, siendo su participación de carácter preferente para poder asumir las respectivas audiencias, “en muchos casos con la colaboración del otro abogado e, incluso, de la propia abogada coordinadora en determinadas actuaciones, con las consecuentes redacciones de minutas explicativas y delegaciones de poder”.

ATENCIÓN ESPECIALIZADA

La importancia del CAVI -creada el año 2001 junto a otros centros similares del país como consecuencia del caso de “Alto Hospicio”, que dejó en evidencia la desprotección institucional de las víctimas de delitos graves- reside en la atención jurídica, judicial, psicológica y social que se ofrece por parte de un equipo interdisciplinario, tal como sostiene la abogada coordinadora, Mónica Muhaded, quien lidera el equipo constituido por dos abogados, dos psicólogos y una trabajadora social. “Esto significa, dice, que la persona y su familia se siente acompañada y orientada en todos los aspectos que involucra ser víctima de un delito, a través de una atención especializada que hemos estado realizando por más de veinte años”.

Durante el año 2022, el CAVI Temuco -ubicado en calle Lagos N° 479 / Fono: 45-2272649- ingresó 178 casos, 89 de los cuáles correspondieron a delitos sexuales, realizando, además, más de 9 mil atenciones.