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Diego Ramírez, analista de seguridad: “El llamado “Conflicto Mapuche” sólo puede tener una salida política”

Publicado por: Claudio Nuñez | domingo 21 de agosto de 2022 | Publicado a las: 12:47

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El analista de seguridad y miembro GESDRI manifestó que el proyecto de Infraestructura Crítica, presentado por la senadora Carmen Aravena y el senador Kenneth Pugh, fue un acierto su rechazo porque, “no refuerza nuestra institucionalidad de seguridad, no permite mayor interagencialidad ni aporta a soluciones multidimensionales”.

“Al reemplazar a las fuerzas policiales, y desplazarlas, se las está debilitando. Se reconoce y asume su debilidad o incapacidad, y no se les refuerza ni planifica para un desarrollo que les permita volver a hacerse cargos de estas funciones. Así se militariza la seguridad interior”.

De paso cuestiona los lamentos de la parlamentaria por La Araucanía, señalando que el proyecto, “no tiene que ver con el hecho de que reemplazara o no al estado de excepción, si no a la misma lógica en la cual se funda” pues “debilita a nuestras policías y a nuestras FF.AA”.

En relación al problema de La Araucanía argumenta que, “sólo una salida política, y una estrategia de seguridad que respete la legalidad y promueva los DD.HH. tendrá la legitimidad necesaria para permitir acuerdos de larga duración y que apunten a las causas estructurales de los conflictos”.

Por Claudio Núñez Q.

Usted en un artículo de opinión sobre el proyecto de Infraestructura Crítica afirmó lo siguiente, “cruzar la línea que diferencia la Defensa de la Seguridad Interior es un riesgo altísimo”, ¿A qué se refería en específico con esto?

Me refiero a que los conceptos de Seguridad Interior y de Defensa son cualitativamente distintos, y mientras que, en la Seguridad Interior, las policías tienen como objetivo la prevención y persecución de los delitos, para su posterior judicialización, a través de un uso graduado de la fuerza; las fuerzas de la Defensa están para proteger la soberanía nacional, nuestra integridad territorial y nuestra independencia a través del uso máximo de la fuerza de la que sea capaz el Estado.

Las lógicas de cada una son diferentes, y trasladarlas de un ámbito a otro es peligroso porque las consecuencias tanto para la sociedad como para las mismas FF.AA. pueden ser muy negativas y difíciles de revertir. Hay que entender que estas diferencias se traducen en elementos concretos; tales como doctrinas, reglas de uso de la fuerza, capacidad de fuego, armamento, entrenamiento, que no son automáticamente intercambiables. Para poder hacer el cambio de lógica necesario se necesita que las fuerzas involucradas realicen todo un proceso de adecuación, lo que impacta negativamente en nuestra capacidad defensiva, al distraerlas de su función profesional específica, e involucrarlas en funciones que pueden llevar a choques con grupos civiles. Esto puede impactar en el apoyo que las FF.AA. reciben por parte de la sociedad, y este apoyo es un elemento fundamental para su buen funcionamiento, al mismo tiempo puede llevar a violaciones a los DD.HH. y/o al procesamiento judicial de integrantes de aquellas.

Por otro lado, al reemplazar a las fuerzas policiales, y desplazarlas, se las está debilitando. Se reconoce y asume su debilidad o incapacidad, y no se les refuerza ni planifica para un desarrollo que les permita volver a hacerse cargos de estas funciones. Así se militariza la seguridad interior.

En este sentido, el problema es que se busca la solución al problema de la seguridad de la infraestructura crítica a través de un reemplazo de las instituciones policiales por las instituciones de la Defensa.

De hecho, el proyecto tuvo como base el ejemplo de Francia para buscar la búsqueda de su aprobación en el Congreso ¿Se acercaba a eso?

En mi opinión no, no se acerca a lo que sucede en Francia y es porque se toma el ejemplo francés de manera muy superficial. En Francia existe todo un sistema de protección de la infraestructura crítica, con un fuerte énfasis en la ciberseguridad, pero en el marco de estrategias y políticas de Seguridad Nacional, de ciberseguridad y de resguardo de la infraestructura crítica. No es solamente el entregarle la vigilancia de la infraestructura crítica a las FF.AA. ante la detección de una amenaza grave.

Creo que la confusión se debe, aparte de una mala interpretación completa de la experiencia francesa en su conjunto, con el hecho de la fuerte participación de las FF.AA. en operativos contraterroristas en suelo francés. Pero hasta esos operativos están en conjunto con la Gendarmería francesa y las policías, y no se limitan al reemplazo de estas por el Ejército.

Una de las creadoras del proyecto, la senadora Carmen Gloria Aravena (IND-RN), había lamentado el rechazo y que la IC obedecía a “que nunca entendieron bien la naturaleza del proyecto, y que se trataba de una ley que no venía a reemplazar al estado de excepción” y además “permitiría entregar mayores niveles de seguridad” ¿Comparte estos dichos?

No los comparto, pues creo que el problema fundamental del proyecto no tiene que ver con el hecho de que reemplazara o no al estado de excepción, si no a la misma lógica en la cual se funda. En este sentido, la base conceptual del proyecto, que es la de integrar a las FF.AA. a tareas de seguridad interior en reemplazo de las fuerzas policiales, es decir, desplazándolas, es un error pues militariza nuestra seguridad interior, y debilita a nuestras policías y a nuestras FF.AA.

El proyecto no soluciona el problema de seguridad aducido, sino que genera nuevos problemas. No refuerza nuestra institucionalidad de seguridad, no permite mayor interagencialidad ni aporta a soluciones multidimensionales.

Sobre lo mismo, ¿Fue un acierto el rechazo al proyecto? ¿Cuál fue el problema real que tuvo como estructura el proyecto? Las preguntas son porque el proyecto en sí y las discusiones cuando comenzaron habían dudas de cómo las FF.AA iban a actuar y las críticas en su momento, apuntaban a que era un error dejar a los militares cuestiones de orden público, algo que le compete directamente a Carabineros…

Creo que el rechazo definitivo es algo positivo, más allá de cómo haya sucedido este rechazo. El problema es que esta circunstancia sólo ayudará a un avance en nuestra seguridad si nos permite avanzar en responder a las preguntas correctas en torno al tema. Si nos seguimos quedando en lo superficial, y no apuntamos a los problemas de fondo, la discusión seguirá en torno a si involucramos a los militares o no.

En torno a la misma infraestructura crítica, el proyecto no avanza nada en construir una institucionalidad que se haga cargo de su seguridad de manera íntegra. No refuerza su ciberseguridad, tampoco la dimensión de inteligencia involucrada, tampoco genera espacios que permitan la colaboración de distintos organismos. ¿cómo permite detectar de mejor manera amenazas directas a alguna infraestructura crítica específica? ¿cuál es el rol del Sistema de Inteligencia del Estado? ¿habrá organismos regionales encargadas del seguimiento a posibles amenazas? nada de esto se responde.

En La Araucanía existe un problema del cual, el Estado como tal, y que ninguno de los gobiernos de turno, se ha podido hacer cargo y que ha recrudecido la violencia, pero haciendo hincapié en sectores rurales, con el llamado conflicto mapuche. ¿Cuál es la solución, según usted, que se requeriría para enfrentar un problema que no ha tenido solución por más de 30 años?

Si bien es un hecho que el Estado debe hacerse cargo de situaciones que involucren delitos en cualquier magnitud, la verdad es que el llamado “conflicto mapuche” sólo puede tener una solución política. En este sentido estoy de acuerdo con la estrategia que el gobierno ha anunciado. Por otro lado, y en paralelo, las fuerzas de seguridad deben generar una institucionalidad que les permita perseguir los delitos de manera efectiva, coordinando sus esfuerzos en todos los niveles necesarios, con el debido respeto a nuestras leyes vigentes (lo que legitima y a la vez permite la persecución penal), y en el marco del respeto a los DD.HH.

Sólo una salida política, y una estrategia de seguridad que respete la legalidad y promueva los DD.HH. tendrá la legitimidad necesaria para permitir acuerdos de larga duración y que apunten a las causas estructurales de los conflictos.

Finalmente ¿Cuánto hay que reformar a la ANI, Carabineros y FF.AA? ¿Están atrasados en materias de inteligencia, contrainteligencia a otros países?

Mi opinión personal es que Chile necesita una reforma profunda a nuestras policías y sistema de inteligencia, pero tengo claro que esto, por sí sólo, no va a solucionar los problemas existentes. La solución de fondo es avanzar en la generación de una nueva institucionalidad de Seguridad Nacional que integre la Defensa y la Seguridad Interior, con énfasis en la Inter-agencialidad, delimitando las tareas específicas de cada organismo, pero integrándolas en un funcionamiento sistémico y coordinado. Al mismo tiempo, una arquitectura de este tipo permitiría fortalecer la participación, dirección, supervisión y el control civil; tanto a través de la Presidencia y Ministerios, como desde el Legislativo y el Poder Judicial.

Se hace necesaria una arquitectura de Seguridad Nacional y el desarrollo de Políticas y Estrategias de Seguridad Nacional, Seguridad Interior, Defensa, Ciberseguridad coherentes e interconectadas, que en conjunto nos permitan hacernos cargo de construir una verdadera seguridad para todos. Si bien hoy existen capacidades, hay un problema de legitimidad, de delimitación de funciones y de integración con la dirección civil que deben ser solucionados. También se debe generar la capacidad del Estado para impulsar organizada y coordinadamente soluciones multidimensionales al problema de la seguridad, que integren lo punitivo, pero que vayan mucho más allá. Por eso es que es vital avanzar en esta nueva institucionalidad y a la vez no dejar de tener en mente que la prevención pasa, en una tremenda proporción, por nuestra capacidad como país de llevar el desarrollo y la integración (en la diversidad de nuestros pueblos) a todos los rincones de Chile. La Seguridad es sólo una parte de la construcción del bienestar, la otra es el desarrollo del país y el combate a las condiciones estructurales que permiten y alimentan la inseguridad, el crimen y los conflictos. Sin una las otras no pueden tener éxito.

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