No se conocen mucho las causas de remates de propiedades y sabemos que son muchas las que ocurren pero que no se denuncian por el temor frente a la acción de grupos de personas que, frente a la posibilidad de ganar dineros en grandes sumas, no escatiman romper la convivencia ética que sus cargos y juramentos, los llaman a observar.

El sentido común, expresado en encuestas y sondeos como en esporádicas apariciones en la prensa, tiene una característica habitual en nuestro país: su profunda decepción de las elites judiciales, de la administración del Estado y del poder legislador, frente a escenarios de profunda injusticia, que se coronan con estados depresivos y de irremediable pérdida de confianza en el manido estado de derecho para todos.

La igualdad y la libertad -conceptos tan en boga hoy- constituyen la base de otro concepto superior y que los chilenos reclaman cada día con más fuerza y casi a gritos: la dignidad. Sin ella, estamos socavando paso a paso la vida democrática. Hoy para sostener este acceso a la convivencia nacional, todos los sectores encargados de la administración del Estado deben considerar que el avasallamiento y la humillación, juegan en sentido contrario.

Esto lo señalamos a raíz de la denuncia de un profesional, genuina expresión de nuestra clase media, ha enfrentado en su vida profesional y familiar, que lo ha llevado a perder su vivienda -hoy en poder de su ex esposa- a manos de un proceso de remate que ha sido la expresión de un cúmulo de arbitrariedades para emplear un calificativo muy liviano, en las propias narices de nuestro sistema judicial. Aún más: con su complacencia.

¿Y por qué decimos que es de extrema gravedad? Porque este tipo de circunstancias son el resultado de procesos donde el sentido de justicia, sentido común y de transparencia no conmueve ni tampoco existe evidencias que manifiestan una preocupación de nuestros tribunales. Por el contrario.

No se conocen mucho estas causas y sabemos que son muchas las que ocurren pero que no se denuncian por el temor frente a la acción de grupos de personas que, frente a la posibilidad de ganar dineros en grandes sumas, no escatiman romper la convivencia ética que sus cargos y juramentos, los llaman a observar.

No es primera vez que ocurre un hecho similar y esa es la preocupación de este medio. No se conoce de la intervención de los encargados de la administración de justicia ni menos de acciones para denunciar y detener este comportamiento de estas redes que intervienen en procesos poco claros, de quienes precisamente, intervienen para la administración de la justicia en este país.  Por el contrario, estos hechos ocurren precisamente de quienes son los instituidos por el Estado para estar al servicio de las personas, origen del poder democrático. No al revés.

Ante todo, para nadie es un secreto que los remates son una gran oportunidad de negocio, dado que, en promedio, los bienes se adquieren entre el 70%-80% del valor comercial, lo cual representa un ahorro para nada despreciable. Pero en este caso -como el que denunciamos el 2016- el valor rematado alcanza a un dígito del valor comercial.

Sin embargo, la legislación que actualmente rige estos procesos hace que solamente unos pocos, que se mueven intrépidamente de juzgado en juzgado, controlen este escenario, lo que genera que los remates, lejos de ser abiertos al público, sean sumamente cerrados y excluyentes.