Texto: Alfredo Seguel

Un trabajo de investigación de ejecutados y desaparecidos, 1973-1990, pertenecientes a la Nación Mapuche, fue dado a conocer en un primer informe en enero del año 2016 a través del historiador, Hernan Curiñir Lincoqueo en representación de la Asociación de Investigación y Desarrollo Mapuche (AIDMapuche), el que actualiza a 171 los casos.

Entre los casos documentados, está el de una lactante menor de 1 año y el de una señora de 73 años asesinadas por agentes del estado. También se hace referencia al caso de un hombre y su familia que vivían en el sector Montaña Recortada comuna de Lautaro. Al momento del secuestro del comunero, encerraron en el domicilio a su mujer y sus siete hijos, tras lo cual prendieron fuego a la casa. Los familiares de la víctima apenas alcanzaron a salvar sus vidas gracias al auxilio prestado por vecinos que alcanzaron a llegar.

“Nos hemos dado la tarea de clasificar a las víctimas de acuerdo al lugar en donde vivían, lofMapu y éste vinculado a su comuna, pues sostenemos la hipótesis que el asesinato de muchos de ellos está vinculado a la tenencia de la tierra. Muchos de ellos pertenecían a algún asentamiento originado por la Ley de reforma Agraria, como queda establecido por ejemplo en las comunas de Lautaro, Galvarino, Panguipulli, entre otras. También consignamos que la mayoría de las víctimas, figuran como detenidos desaparecidos”, destaca Curiñir, cuyo informe fue presentado en conjunto con el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).

“Sorprendentemente hemos encontrado 171 casos, 36 casos más a saber, vinculadas a las victimas mapuche reconocidas por el Estado de Chile; que fueron oportunamente investigadas por las distintas comisiones establecidas para el efecto, nos hemos apoyado de la investigación sobre apellidos mapuche publicada por el Peñi Necul Painemal. Por las peculiaridades que esto conlleva, muchos casos no disponen de fotos que nos ayuden a humanizar la propuesta”.

Buena parte de estos asesinatos y desapariciones se enmarcan en los conflictos territoriales históricos frente al acaparamiento del latifundio colonial y los despojos estatales de tierras causado a numerosas comunidades mapuche.

Ver aquí contenido completo en PDF:

“Informe trabajo de investigación de ejecutados y desaparecidos, 1973-1990, pertenecientes a la Nación Mapuche” / https://drive.google.com/file/d/0ByN4tK2Vi_rpeFNKSXZtTjN0bmM/view?pref=2&pli=1

Dictadura militar y crímenes de lesa humanidad

Los antecedentes del informe mapuche son parte del contexto general donde no existe unanimidad respecto al número real de víctimas de las violaciones a los derechos humanos en Chile durante el periodo de la dictadura militar, el que se estima en 40.280 personas, entre asesinados, desaparecidos y torturados. El dato consta en el informe oficial en 2011 de la Comisión Asesora para la Calificación de Presos, Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura.

Entre 1990 y 1991, la Comisión de Verdad y Reconciliación -más conocida como Comisión Rettig- reunió miles de testimonios y documentos sobre los muertos y desaparecidos. Su trabajo fue completado entre 2003 y 2004 por la Comisión sobre Prisión Política y Tortura -más conocida como Comisión Valech-, que conoció los relatos de las víctimas y los métodos que utilizaron los militares y agentes de la dictadura.

La Comisión Rettig estimó en 2.279 el número de muertos y/o desaparecidos, pero un tercer grupo de trabajo, la Comisión de Reparación y Justicia, añadió una nueva lista de 899 crímenes, que elevó la cifra final de víctimas a 3.197 en el País.

El informe elaborado por las Fuerzas Armadas, entregado a una mesa de diálogo cívico-militar que se reunió entre 1999 y 2001, figuraron 200 nombres de detenidos desaparecidos. Todos ellos fueron lanzados al Pacífico, a los ríos y los lagos de Chile o sepultados en lugares ignorados, sobre un total de 1.198 hombres y mujeres, publicaba laverdad.es.

El 11 de septiembre de 1973 se impone la dictadura militar encabezada por Pinochet con una junta militar de gobierno y detrás, el aparato represivo de Estados Unidos y grupos económicos chilenos y extranjeros, declarándose el estado de guerra interna en el país, declarándose así el estado de sitio que se prorroga hasta 1987. Esto significó la sustracción de la justicia y el traspaso a jurisdicción militar de tiempo de guerra, cuyas víctimas de estas acciones bélicas, según cifras de informes de derechos humanos arrojan que un 46 % aproximado de las víctimas asesinadas no tenía afiliación política.

Bajo este estado, el gobierno de Pinochet se dedicó a hacer detenciones arbitrarias, estimándose en más de 250.000 detenciones las realizadas los primeros días del golpe y más de 200.000 mil personas exiliadas a diferentes países del mundo.

El golpe de estado está relacionado con los principales grupos económicos en Chile. Tierras de reformas agrarias y numerosas empresas fiscales pasaron a manos de grupos económicos, así como innumerables privilegios, cuyos impactos, conflictos y desigualdades, continúan repercutiendo en el presente, incluyendo la Constitución Política de Estado.