Por Eugenio Tuma Z.

Ex Senador          

 El conflicto en la Araucanía tiene su origen en la decisión del Estado de tomar el control de lo que eran los territorios de la nación mapuche reconocida primero por La Corona Española en el parlamento de Quillín  (1641) y  después por el propio gobierno de Chile, Tapihue (1825), constituyen el histórico testimonio de ello, donde se reconocían los ríos Bio Bio y Calle Calle como límite de frontera.

Después ocurrió el despojo de sus tierras, animales, viviendas y alimentación; diezmaron su población y los confinaron en “reducciones´´. Hasta nuestros días los mapuches concentran la mayor proporción de pobreza en nuestro país.

Sin perjuicio de que también han sido parte del desarrollo y cambios en la sociedad y del avance logrado en la ley indígena vigente, aún estamos lejos de compensar el sufrimiento y pérdida patrimonial vivida durante generaciones por el pueblo mapuche.

 
La violencia rural y urbana invocando una legítima demanda por justicia para el pueblo mapuche no tiene nunca ninguna justificación moral ni ética, ni siquiera como respuesta a la violencia de las  acciones cometidas por el Estado, cuestión que no significa dejar las cosas como están, sin dar respuesta en más de dos siglos a sus peticiones .Es esta  entonces la raíz de un conflicto de nunca acabar si todos los gobiernos continúan con una política de persecución solo a los efectos de la causal ya descrita.

Los graves hechos de violencia de civiles en contra de los comuneros en ocupación del municipio de Curacautin es la respuesta de parte de la población al clima de beligerancia y de inseguridad que se expande sin control en la región, actos que tampoco tienen justificación y deben ser condenados y rechazados, más aún si tienen expresiones de carácter racista.

El inicio del fin de violencia en la Araucanía tiene como punto de partida la raíz del conflicto sobre la base de “Un Nuevo Trato “ entre el Estado de Chile y el Pueblo Mapuche, pero hoy la dificultad radica en la legítima representación indígena, la que se subsana con el pronto despacho del Proyecto de Ley que crea el “Consejo de Pueblos “, el que permitirá, entre otros, al pueblo mapuche elegir su representación y ella acordar con el Estado de Chile materias tan importantes como el reconocimiento constitucional, la participación política, los grados de autonomía, el plan de reparación por la ocupación territorial, la estructura del estado para su relación con el mundo mapuche, el presupuesto y los instrumentos destinado a  atender sus requerimientos, el modo de respetar su cosmovisión y su relación con la naturaleza entre otras cuestiones necesarias para que se sientan plenamente incluidos en el desarrollo del país.

Dicho esto, entonces la primera responsabilidad en los hechos de violencia es del gobierno de turno si de verdad se desea avanzar hacia una paz duradera que merece nuestra región y su gente quienes son también acreedores de un Estado en deuda con los mapuches y no mapuches. Es la única salida de este callejón.