Publicado por: Claudio Nuñez | martes 23 de abril de 2019 | Publicado a las: 11:26
El abogado del Centro de Apoyo a Víctimas (CAVD) de Angol, Pablo Urbina, presentó una querella ante el Juzgado de Garantía por el brutal ataque que sufrió hace dos meses el ciudadano haitiano Djerry Etienne. La noche del 2 de febrero, mientras esperaba locomoción en el sector de Huequén, Carlos Muñoz (24) insultó y atacó a Etienne con una botella de vidrio, causándole diversos cortes en el cuerpo.
Para superar las consecuencias graves que deja un ataque de este tipo, el CAVD de Angol se contactó con el ciudadano haitiano para ofrecerle contención psicosocial y asesoría jurídica. “Desde el primer momento se comunicaron conmigo. Yo me enfoqué más en lo jurídico, como no soy chileno, la parte judicial no la conozco. Cualquier duda que tengo, el abogado me explica y me orienta. Él sigue mi caso de manera gratuita”, dijo Djerry, quien vive en nuestro país hace dos años.
Pablo Urbina, abogado del Programa Apoyo a Víctimas de la Subsecretaría de Prevención del Delito, señaló que la presentación de la querella significa que “la víctima se hace parte de la investigación y en el proceso penal”. Así también, añadió que la orientación es transcendental para que las víctimas puedan retomar sus vidas con normalidad. “Las personas, al obtener una respuesta integral, enfrentan el proceso penal con mayor disposición”, explicó.
Para Djerry, el objetivo de presentar esta querella es que su agresor cumpla condena en la cárcel. “En todo Chile hay personas de distinto color. Esta persona es un peligro para la sociedad y no debería quedar en libertad”, señaló.
Formalización
En febrero, Carlos Muñoz fue formalizado por el delito de homicidio frustrado y el Ministerio Público invocó la “Ley Zamudio”, al tratarse de un caso de discriminación. “El imputado profirió insultos racistas indicándole que volviera a su país, haciendo alusión a su color de piel”, dijo el fiscal Carlos Bustos.
El imputado quedó en prisión preventiva, mientras dure la investigación, y arriesga hasta 15 años de cárcel en caso de ser declarado culpable.