La investigación de Jorge Rivera, del Instituto Sistemas Complejos de Ingeniería (ISCI) y académico de la Universidad de Chile, indica que quienes perciben ingresos bajos tienen entre 3,3% y 9,5% más probabilidad quedar en prisión preventiva, cifra que aumenta en los de origen mapuche.

La prisión preventiva aumentó en un 40,7% entre los años 2007 y 2017, según datos de la Defensoría Penal Pública, ¿Esto significa que hubo más personas culpables? No, datos indican que en los últimos 10 años aumentó un 90% el número de individuos absueltos tras ser sometidos a prisión preventiva ¿A quiénes afecta esta medida, y cómo impacta sus vidas?

Sin dudas es un problema social, que afecta en especial a los más vulnerables, como observa Jorge Rivera, investigador del Instituto Sistemas Complejos de Ingeniería (ISCI) y académico de la Universidad de Chile, junto al académico Nicolás Grau (FEN) y su equipo, en su reciente investigación “Discriminación e impacto negativo de la prisión preventiva en la vida de las Personas”, señala una nota de lanación.cl.

Según las cifras de las causas penales entre los años 2006 y 2012, quienes perciben salarios más bajos tienen un 3,3% a un 9,5% más de probabilidades de quedar en prisión preventiva, en comparación a grupos de mayores ingresos. Situación aún más grave en el caso de la población mapuche, cuya probabilidad de quedar en prisión preventiva va de un 3,3% a un 25%, frente a personas no mapuche.

Problema que empobrece aún más a estos grupos sociales y que afecta sus vidas más allá del encarcelamiento, trascendiendo a sus años laborales. Tras la prisión preventiva las personas disminuyen su sueldo en cerca de un 12% mensual y se reduce un 7% la posibilidad de ser contratados por un empleador.

En palabras de Rivera, “los resultados exponen un cuadro muy preocupante. La prisión preventiva es una medida cautelar de la cual se abusa en los últimos años, su ejecución es discriminatoria, afectando más aún a mapuche y personas de más bajos ingresos. Impacta de forma negativo de muchas maneras en la vida de estas personas, pues se extiende por años en la vida laboral de las personas, aún en los casos de inocencia. La prisión preventiva contribuye a perpetuar la pobreza. De ahí nuestro mensaje con esta investigación, que no es terminar con esta medida cautelar, sino estudiar mejor la manera en que ésta debe ser asignada, entre otros para disminuir el perjuicio social que provoca”.

Actualmente los académicos están desarrollando una serie de investigaciones en conjunto a la Defensoría Penal Pública (DPP), el Ministerio del Trabajo y un grupo interdisciplinario de profesionales, en las cuales se examina el efecto social de las medidas cautelares, el encarcelamiento juvenil, los impactos psiquiátricos en los reos, entre otros. Cada investigación es realizada con datos anonimizados, resguardando la información personal de cada individuo.