Consejo para la Transparencia calificó como “grave” la denuncia realizada por el Ministerio Público e insistió en que protocolos para la interceptación de teléfonos y otros métodos de investigación deben ser profundamente reforzados. 

«Al haberse aportado por parte de funcionarios de Carabineros información y antecedentes de cargo que presentan múltiples anomalías e irregularidades (…) condiciones que hacen dudar fundadamente de su veracidad y autenticidad, el Ministerio Público se ve impedido de continuar con la prosecución de esta indagatoria criminal». Con estas palabras, y según varios medios de comunicación, la Fiscalía de la Araucanía anunció el cierre de la investigación en la llamada “Operación Huracán”, que el año pasado concluyó con la detención de ocho personas que habrían tenido vinculación con una serie de ataques incendiarios.

Según el Ministerio Público, las pruebas presentadas por Carabineros habrían sido manipuladas y con ello, se abre una nueva investigación penal por una posible entrega de evidencias falsas.

Esta situación fue calificada como “grave” por el presidente del Consejo para la Transparencia, Marcelo Drago, advirtiendo que situaciones como esta dañan la desconfianza de los ciudadanos hacia las instituciones públicas.

“Nosotros hemos alertado sobre esta materia hace muchos: la desafección y desconfianza de los chilenos hacia los organismos del Estado sólo se rectificará cuando las instituciones actúen con completa transparencia y probidad. Es urgente y perentorio que Carabineros, una entidad que ya estaba siendo cuestionada por sus sistemas de control interno, refuerce ya sus protocolos de investigación”, alertó Drago, agregando que las facultades discrecionales que tiene la policía, como las escuchas telefónicas, también deberían ser sometidas a estrictos mecanismos de revisión.

“La interceptación es un recurso extraordinario que últimamente ha sido utilizado con una frecuencia inédita. De hecho, muchas de esas intervenciones han sido finalmente filtradas, lo que también evidencia la apremiante necesidad de establecer protocolos que resguarden esa información bajo estrictos parámetros de protección. Se trata de información que involucra delicados datos personales de todos los ciudadanos. Por esa razón, nos preocupa el extendido uso de las intervenciones telefónicas sin controles estrictos, con el poder que entrega a quien las realiza y el potencial abuso que se puede hacer de las mismas”, detalló el presidente del CPLT, haciendo un llamado a que la investigación que ahora se abre se realice “de frente a la ciudadanía y bajo inflexibles medidas de transparencia y probidad”.