Por estos días se está jugando en Europa parte importante del futuro comercial de la producción de cerezas en Chile Chico.  Todo depende de la decisión que adopte el Comité Permanente sobre Plantas, Animales, Alimentos y Piensos, formado por la Comisión Europea y expertos de diversos países, sobre la solicitud de prórroga por cinco años del uso del glifosato, el cuestionado componente activo de los herbicidas de Monsanto, Syngenta y otras compañías.

La licencia para usar el producto en el Viejo Continente caduca el 15 de diciembre próximo, pero hasta ahora los estados no han alcanzado un acuerdo mayoritario.  El 9 de noviembre votaron a favor de la renovación 14 países, rechazaron ocho y se abstuvieron cinco.    Aunque este resultado da una mayoría individual a favor del compuesto, al oponerse Francia y abstenerse Alemania no se logró el 65 % de la población total de la Comunidad Europea, umbral que se ha autoimpuesto la comisión para proceder a la prórroga de la autorización legal.

Una nueva votación se realizará este martes 28 de noviembre, ante lo cual el lobby a favor y en contra se ha desatado.  Incluso se ha formado una alianza global para detener la ampliación de la licencia.

Originalmente la Comisión Europea propuso prorrogar la autorización por una década pero, producto de la controversia generada por los nocivos efectos del químico para la salud humana, esta se redujo a cinco años, lo cual tampoco ha generado consenso.

El glifosato es generalmente utilizado como herbicida de efecto sistémico en el control de malezas.  Monsanto lo comercializa a través de su producto Roundup (el más usado), mientras que Syngenta lo hace mediante Touchdown. Son estas dos de las principales corporaciones que venden el compuesto.

El fundamento central de la oposición a la extensión es que en marzo de 2015 la Agencia Internacional de la Organización Mundial de la Salud para la Investigación sobre el Cáncer (IARC) anunció probable vínculo con la ocurrencia de cáncer en seres humanos, lo que llevó a múltiples países -e incluso al estado de California, en Estados Unidos- a reclasificarlo como cancerígeno y, por ende, a prohibirlo. Al repecto Greenpeace señala que “cada vez hay más evidencias científicas de los peligros del glifosato. Cuando un granjero lo utiliza en sus cultivos, este compuesto penetra en el suelo, se filtra en el agua y sus residuos permanecen en los cultivos: está en lo que comemos, en el agua que bebemos y en nuestros cuerpos”.

A pesar de estas informaciones, en Chile no ha existido avance alguno en “detener su impacto negativo en los recursos genéticos, los más diversos cultivos, la biodiversidad e incluso la salud humana” según consignó Chile Sustentable en su Balance Ambiental de 2016.

La situación en el General Carrera

En Chile Chico, en la cuenca del lago General Carrera en la región de Aysén, el glifosato se utiliza en un territorio reconocido por su excepcionalidad ambiental.  El área de cultivo de cerezas se encuentra adyacente a la Reserva Nacional Jeinimeni -futuro Parque Nacional Patagonia- y cercana, además, al Sitio Prioritario para la Conservación de la Biodiversidad Estepa Jeinimeni-Lagunas Bahía Jara.

Una profesional vinculada al área agrícola en la zona explica que en el sector “es comúnmente utilizado, en sus diferentes formulaciones y nombres comerciales, aunque por lo general el más común es el Roundup… acá en Chile Chico es súper común su aplicación”. La misma fuente señala que se administra normalmente tres veces al año en plantaciones de cerezos, de preferencia en las de menos de tres años, por el riesgo de afectar la supervivencia de los individuos más jóvenes en caso de entrar en contacto con el químico.

Más aún, el uso del compuesto es fomentado y validado entre los productores agrícolas el país por distintos organismos del Estado.

Es por esto que la decisión que adopte definitivamente Europa debiera tener repercusiones en las exportaciones hacia dicho continente, producto de las trabas que podrían levantarse para los cultivos que apliquen el químico en sus procesos productivos.  Esto, considerando que en 2016 la producción total de los valles de Chile Chico y Bahía Jara llegó a los 430.000 kilos y “de ellos casi 230.000 kilos fueron destinados a exportación desde la región a Inglaterra, cifra muy superior a cuando en el año 2007 comenzó el proceso exportador de cerezas con sólo 515 kilos”.

Uno de los problemas hoy es que, por lo menos, en Bahía Jara “la tendencia/moda/evolución sana es a cultivar y criar orgánicamente, entendiendo lo difícil que es certificarse al respecto, tener un vecino con monocultivos y que, aún  peor, ocupe estos herbicidas tan violentos, limita e impide el certificarse como orgánico” señala un dirigente del ámbito turístico del sector. En este sentido hizo un llamado a los “monocultivadores a abrir sus ojos a la tendencia mundial, que vean que si esta vez les aceptan seguir con estos químicos, lo más probable es que en un futuro no sean aceptados, y recordarles que se necesitan mas de 5 años para que en los análisis dejen de aparecer residuos”.

Ejemplo de la magnitud del problema es el debate que en Argentina se está dando sobre la materia.  Bajo el titular “Calculan en US$ 16.800 millones el impacto negativo para la Argentina si Europa no renueva el glifosato”, el 13 de noviembre el diario La Nación del vecino país dio cuenta de la preocupación de Pedro Vigneau, presidente de la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa.  “El Mercosur (organismo multilateral del cual Chile no es miembro pero sí país “asociado”) es la región que se verá más perjudicada por esta decisión (si no se renueva el permiso para el producto), y en particular Argentina que tanto depende de las exportaciones del sector agrícola para asegurar el ingreso de divisas” señaló el dirigente empresarial a la prensa.

En esto coincide la agrónomo entrevistada para este artículo: “Si no se aprueba la licencia en Europa afectaría las exportaciones y tendrían que cambiar completamente sus planes de manejo”.  En el caso de que se permitiera su continuación de uso por solo tres años (la otra posibilidad que se baraja dentro de las negociaciones), serviría de período de adaptación para comenzar utilizar métodos de control de malezas más sustentables.

Falta de información en Chile

El 23 de mayo el autor de este artículo ingresó una solicitud de información ante el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) sobre “las autorizaciones que han dado para el uso de glifosato (en sus diversos nombres comerciales) en la comuna de Chile Chico en actividades agrícolas. Identificando cantidades, nombre y RUT del titular autorizado, localización, producto en el cual se utiliza, períodos y dosis, desde el año 2010 a la fecha. Además, informes, estudios y toda la documentación sobre los efectos del glifosato que obren en poder del organismo”.

La respuesta del servicio, firmada el 5 de julio por el director nacional (s) Oscar Camacho Inostroza, fue que el SAG “otorga autorizaciones a plaguicidas de uso agrícola, a nivel nacional, no así de uso localizado, por regiones o comunas”, por tanto –señaló la autoridad- tales antecedentes es posible encontrarlos en el portal institucional.    Con relación a los estudios e informes sobre los efectos del glifosato, denegó la entrega por estar estos contenidos en los antecedentes de carácter administrativo y técnico que presentan las empresas en el proceso de evaluación y autorización de plaguicidas, por lo cual su búsqueda “implicaría para los funcionarios encargados de la gestión de las solicitudes de transparencia destinar un tiempo excesivo, considerando el incremento actual en el número de solicitudes ingresadas al portal de transparencia y las demás funciones asignadas por su jefatura”, lo cual les distraería de sus funciones propias.  Esto se complejizaría aún más por el “tiempo destinado a la notificación de los terceros para poner en conocimiento dicha solicitud y definir si acceden o deniegan la entrega de la información que obra en poder del servicio”.

En su argumentación contra el amparo presentado ante la denegación de información, el organismo agregó que hacer públicos los estudios relativos al glifosato incluso podría afectar los derechos comerciales de las empresas involucradas.

El 6 de septiembre el Consejo para la Transparencia, integrado por José Luis Santa María, Vivianne Blanlot y Marcelo Drago, aceptó los fundamentos del SAG y rechazó la apelación.

En forma paralela, se solicitó al Ministerio de Salud información sobre estudios nacionales relativos a los efectos de glifosato en la salud humana, reconociendo el subsecretario Jaime Burrows mediante oficio del 29 de junio que el organismo “no dispone de informes ni estudios” sobre el impacto en seres humanos y animales.  Sin embargo, entregó un listado sitios web donde se dan a conocer investigaciones relacionadas, entre ellos la de la Agencia Internacional de la Organización Mundial de la Salud para la Investigación sobre el Cáncer.

Lo paradójico del caso es que ni las autoridades nacionales ni los gremios del agro se han pronunciado públicamente aún frente a las decisiones que podría adoptar la Comunidad Europea y que afectarían no solo la exportación de cerezas de Chile Chico sino a toda la producción que utiliza glifosato, herbicida de común aplicación en la agroindustria nacional.