La situación de violencia en la llamada zona del conflicto mapuche, además de las medidas desarrolladas por el gobierno para la restitución de tierras, son algunos de los puntos que analizó el ministro del Interior (s), Mahmud Aleuy. En entrevista con La Tercera la autoridad detalla las estrategias del gobierno y el peligro que ronda en torno a un factor, hasta ahora, desconocido: la posibilidad que en 2019 estos grupos puedan iniciar la venta de tierras adquiridas con dineros fiscales entre las comunidades, dado que su venta esta prohibida para ajenos a las agrupaciones (ver página 4).

¿Mejorar la Ley Indígena y, en particular, la entrega de tierras reduciría la violencia en la zona del conflicto mapuche?

Los fenómenos delictivos en general se abordan desde diversas perspectivas, que abarcan, por un lado, la coordinación con los actores del sistema penal -policías, fiscales y jueces-, y por otro, la creación de políticas públicas, que vayan al fondo del problema, desde la habitabilidad de las tierras hasta la conectividad vial. Desde el inicio de este gobierno, en la Región de La Araucanía y en la Provincia de Arauco se ha trabajado en ambas dimensiones con la finalidad de fomentar el desarrollo productivo de esas zonas, separando a quienes cometen ilícitos a nombre de la legítima causa mapuche.

¿Qué plan realiza el gobierno para reducir los delitos y mejorar la entrega de tierras?

Hemos trabajado coordinadamente con las policías y el Ministerio Público para poder acelerar los tiempos de respuesta, mejorar la eficacia procesal en las investigaciones y utilizar todas las herramientas que dispone el Estado de Derecho, en pos de perseguir a quienes cometen ilícitos en una región donde se registran altos índices de pobreza. Por ejemplo, tras la sentencia conocida en contra dos personas por la quema de camiones en Ercilla -quienes fueron condenados a libertad vigilada intensiva- el gobierno presentará un recurso de nulidad, pues debió haberse aceptado las penas que solicitaba la Fiscalía, es decir, de 10 años.

En 2019, grupos indígenas podrán vender los terrenos que el Estado adquirió para hacer frente a sus demandas ¿Cómo ve el gobierno esta situación?

Estamos preparando una nueva institucionalidad indígena, que no sólo deberá revisar este punto, sino que también todos los relacionados con el desarrollo de una política intersectorial, que abarque las múltiples demandas de los pueblos originarios. No sería aceptable que se arme un mercado gracias a tierras restituidas por el Estado para el uso exclusivo de indígenas.

¿La entrega de tierras es la única herramienta para frenar los hechos de violencia?

Hemos explorado diversas fórmulas en materia de políticas públicas, que permitan ir en beneficio del desarrollo de dichas zonas, como la habitabilidad, la conectividad vial, el fomento productivo, entre otros. La conflictividad social debe abordarse con medidas que permitan el desarrollo social y productivo de los territorios.

¿Cree que, de no ser analizado este asunto, se podría abrir un nuevo foco de conflicto?

Es muy pronto para determinar las gran cantidad de temas que se van abordar en dicha discusión. Hay que entender que la Ley Indígena fue creada hace 23 años para intentar resolver consideraciones de índole territorial. Lo que hoy se requiere es de una institucionalidad que abarque el fenómeno completo, no sólo desde lo territorial, sino también desde lo cultural, lo social, lo económico y lo político.

Con información de la Tercera