El Instituto Nacional de Derechos Humanos condenó el decreto del Gobierno que prohibió el acceso de una caravana de camioneros a la Región Metropolitana el pasado 27 de agosto, una medida que la entidad determinó que constituía una «vulneración del derecho de reunión y de la libertad de expresión».

Hace tres meses, la Confederación Nacional del Transporte de Carga (CNTC), organizó un convoy de camiones que transportaba los restos de vehículos de carga destruidos en atentados incendiarios en La Araucanía. El objetivo de esta caravana era desplazarse hasta Santiago y realizar una demostración de protesta frente al Palacio de la Moneda debido a la inseguridad en que el gremio debe trabajar en la IX Región y por la impunidad con que actúan quienes perpetran los ataques.

Sin embargo, cuando el grupo de transportistas se encontraba a la altura del peaje de Angostura, en la entrada sur a la capital, fueron contenidos por Carabineros en virtud de una decisión de la Seremitt de la Región Metropolitana que ordenaba a la policía uniformada impedir ese día el acceso a la Región Metropolitana de camiones de más de dos ejes vía Ruta 5 Sur o Ruta 68.

Finalmente, tras una larga negociación con las autoridades del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, los empresarios del transporte fueron autorizados a ingresar y transitar por la capital, sin embargo, varios diputados de oposición oficiaron al INDH para que evaluara la prohibición original de la administración Bachelet y se pronunciara al respecto.

Ante esto, el 6 de noviembre pasado, el INDH ofició a la Cámara de Diputados, texto en el que la institución informó que «sin lugar a dudas, la actuación de la autoridad implicó una vulneración del derecho de reunión y de la libertad de expresión, constitutivos a su vez del derecho de manifestación del gremio».

En la misma línea, el texto añade luego que «la totalidad de los/as miembros del Consejo declaran la legitimidad de la reivindicación de los dueños de camiones de pasar frente a La Moneda y que la autoridad debería haber realizado las coordinaciones necesarias para que dicho paso no afectara la integridad de los manifestantes, el derecho de terceros ni el derecho a manifestarse».