La seguridad pública está presente en todas las conversaciones cotidianas, qué duda cabe. Y aunque históricamente se trató como un tema técnico secundario, para nuestro Gobierno es una prioridad desde el primer momento. Partimos de esta base: la criminalidad ha evolucionado, presentando ahora desafíos complejos como el crimen organizado, el narcotráfico, el sicariato, el tráfico de armas, la violencia en barrios y la migración irregular, además de la necesidad de mejorar la respuesta a delitos tipificados comunes, como el robo y la violencia intrafamiliar.

En este escenario, nuestro país ha comenzado a fortalecer sus capacidades de seguridad de manera sostenida, fortaleciendo la institucionalidad y dejando atrás las respuestas improvisadas. Un hito clave es la creación del Ministerio de Seguridad Pública, que inició el 1 de abril de 2025, buscando una institucionalidad moderna y especializada. Este ministerio es resultado de acuerdos buscados por casi dos décadas, desde el 2006. La ley fue firmada finalmente por el Presidente Boric, demostrando que es posible avanzar en temas importantes superando nuestras legítimas diferencias.

La nueva institucionalidad en seguridad considera un Sistema Nacional de Seguridad Pública, que articula a ministerios, policías, Fiscalía, Gendarmería, la ANI, gobiernos regionales, municipios y organizaciones sociales. Esta articulación es clave para enfrentar un problema que no conoce fronteras ni distingue entre comunas. La delincuencia se adapta, cruza territorios y se alimenta de las debilidades institucionales, por eso el Estado debe responder con unidad y coordinación, no con divisiones ni competencia política.

En paralelo, la gestión del gobierno ha mostrado un incremento sostenido en el presupuesto en seguridad, con un aumento del 15,3% en relación con 2022. Carabineros y la PDI han visto crecer sus recursos, se han implementado planes de modernización, aumentado las dotaciones, mejorado el parque vehicular y se ha fortalecido la formación de nuevos agentes. Estas son acciones concretas que buscan responder no solo a la percepción, sino a una realidad que exige presencia policial efectiva y un combate frontal contra el crimen.

Y si hablamos de cifras, también hay avances concretos: En 2021 se registró el récord de hechos de violencia rural en la zona con más de 1.670 atentados y ataques. En 2024 se registraron 516, un 69% menos. Estos datos no eliminan nuestra preocupación ni la de la ciudadanía, pero muestran que se está avanzando con medidas efectivas.

Para seguir avanzando, necesitamos despolitizar el debate sobre seguridad, ya que politizar debilita a las instituciones y la democracia. Se necesita construir acuerdos basados en evidencia, profesionalizar el sistema y tener una visión a largo plazo. La seguridad es un derecho fundamental y un bien común, esencial para una sociedad justa. Tenemos la gran oportunidad de construir una institucionalidad sólida y eficiente, como el nuevo Ministerio de Seguridad Pública, con el compromiso de todos los sectores, ya que la seguridad es un asunto de país y una responsabilidad de todos y todas.

Verónica López-Videla

Seremi de Seguridad Pública (interina)

Seremi de Gobierno titular