El próximo 10 de enero, Nicolás Maduro iniciará su tercer mandato como presidente de Venezuela en medio de una fuerte militarización y tensiones políticas. La ceremonia de juramentación se llevará a cabo en el Palacio Federal Legislativo, ubicado en el casco histórico de Caracas, bajo un despliegue de seguridad sin precedentes.

La reelección de Maduro ha sido cuestionada por la oposición y la comunidad internacional debido a la falta de transparencia en los resultados electorales. Según el Consejo Nacional Electoral (CNE), Maduro ganó con el 52% de los votos, pero la oposición asegura que su candidato, Edmundo González Urrutia, obtuvo el 70% de los sufragios basándose en el 80% de las actas de escrutinio en su poder.

Ante esta controversia, la tensión en el país ha aumentado. Se han anunciado movilizaciones tanto a favor como en contra de la juramentación de Maduro. González, quien se encuentra exiliado en España, ha prometido regresar a Venezuela para asumir su mandato como presidente, aunque no ha explicado cómo lo hará. Las autoridades venezolanas han advertido que será detenido si pone un pie en el país.

La presencia policial y militar se ha reforzado en Caracas y otras ciudades. La céntrica avenida Urdaneta, que conduce al Palacio presidencial de Miraflores, ha sido cerrada al tráfico vehicular, y la seguridad en el Palacio Federal Legislativo ha sido fortalecida. Además, se ha incrementado la vigilancia en instalaciones clave como el Metro de Caracas y las autopistas que conducen a la ciudad.

El coronel Alexander Granko Arteaga, jefe de la Dirección de Acciones Especiales de la Contrainteligencia Militar (DGCIM), anunció el despliegue de 1.200 uniformados adicionales para garantizar la seguridad durante la ceremonia. El DGCIM, junto con el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y el Ejército, ha sido señalado por la ONU de cometer crímenes de lesa humanidad como torturas, desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias.

La situación en Venezuela es tensa, con un ambiente de incertidumbre y preocupación por posibles enfrentamientos y violaciones a los derechos humanos durante las manifestaciones previstas.