A partir del 1 de enero de 2025, el precio de los peajes en las principales carreteras y autopistas de Chile aumentará un 4,2% debido al reajuste anual correspondiente al IPC. Esta medida, establecida por ley, ha generado fuertes críticas desde la Confederación Nacional de Transporte de Carga (CNTC), que advierte que este incremento se ha convertido en un mecanismo de recaudación de impuestos para el Estado, sin que se reflejen mejoras significativas en las infraestructuras viales.

Una recaudación disfrazada de impuesto

Según la CNTC, cerca del 30% del valor de los peajes corresponde a un impuesto adicional que el Estado cobra por concepto de infraestructura preexistente, lo que consideran un cobro injustificado, ya que las rutas ya fueron financiadas previamente y las concesionarias originales ya han obtenido beneficios de sus inversiones. En este contexto, el gremio plantea que el actual sistema de concesiones debe ser revisado y reformulado, dado que este cobro adicional es percibido como un gravamen que afecta a los usuarios sin aportar mejoras tangibles a las carreteras.

Infraestructura deficiente y falta de seguridad

El presidente de la CNTC, Sergio Pérez, destacó que, a pesar de los altos costos que los transportistas deben asumir por el uso de las rutas, no se ven reflejadas mejoras en la calidad de las carreteras ni en la seguridad vial. Según Pérez, las condiciones de muchas rutas concesionadas siguen siendo deficientes, y las autoridades no han cumplido con las solicitudes de los transportistas para mejorar la infraestructura, como la construcción de más zonas de descanso y el refuerzo de medidas contra la delincuencia.

El fracaso de las concesiones viales

El modelo actual de concesiones viales también ha sido duramente criticado por el gremio, especialmente en cuanto a los costos que deben afrontar las empresas interesadas en licitar la construcción o ampliación de carreteras. En particular, la CNTC denuncia que los pagos exigidos por el Ministerio de Obras Públicas (MOP) durante las licitaciones, como los cobros por administración y control de los contratos, han sido un obstáculo para que estos procesos sean exitosos. Esto se evidenció en el caso del tramo de la Ruta 5 entre Chacao y Chonchi, que aún no ha podido avanzar debido a estas dificultades.

Llamado a una reforma urgente

El gremio de transportistas, junto a algunos diputados de la región, está trabajando en una propuesta para modificar este modelo y dar prioridad a la seguridad vial, la conectividad y el desarrollo en lugar de la recaudación del Estado. «Es lamentable que, a pesar de ser quienes financiamos gran parte de la infraestructura vial, no veamos los beneficios en las rutas que transitamos a diario», concluyó Pérez.