El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Angol condenó a A.A.S.A. a la pena de 7 años de presidio efectivo y las accesorias legales inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena, en calidad de autor del delito tentado de femicidio íntimo. Ilícito perpetrado en septiembre del año pasado, en Traiguén.

En fallo unánime, el tribunal –integrado por los magistrados Karina Rubio Solís (presidenta), Francisco Boero Villagrán y Fernando Pacheco Herrera (redactor)– condenó, además, a A.A.S.A. a la pena de 541 días de presidio y la accesoria de suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena, como autor del delito consumado de desacato; y 61 días de presidio y la accesoria de suspensión de cargos y oficios durante el tiempo de la condena, como autor del delito consumado de maltrato de obra a miembro de Policía de Investigaciones en funciones causando lesiones leves.

El tribunal dio por acreditado, más allá de toda duda razonable, que en horas de la madrugada del 10 de septiembre de 2023, el acusado concurrió hasta el domicilio de su expareja, ubicado en la comuna de Traiguén. Al percatarse de la presencia de A.A.S.A., la víctima salió del inmueble y se subió a su vehículo, pero el condenado abrió la puerta del piloto, subió y la empujó hacia el asiento del copiloto. La víctima descendió del vehículo, procediendo A.A.S.A., con el propósito de causarle la muerte, a acelerar y aplastarla contra el muro de madera de un almacén. El impacto causó un forado en la empalizada que le permitió a la víctima escapar solo con lesiones de carácter leve.

Días después, aproximadamente a las 17:20 horas del 14 de septiembre, el condenado agredió a un subinspector de la Policía de Investigaciones, quien se encontraba en ejercicio de sus funciones, con diversos golpes de puño y pie en distintas partes del cuerpo, causándole lesiones leves”.

Con su actuar, A.A.S.A., además incumplió la resolución judicial vigente, que le impuso la prohibición de acercarse a la víctima, a su domicilio, lugar de trabajo o estudio o cualquier lugar al que concurra o visite habitualmente.

Una vez que el fallo quede ejecutoriado, el tribunal dispuso que se proceda a la toma de muestras biológicas del sentenciado para determinar su huella genética e incorporación en el registro nacional de ADN de condenados.