A partir de un análisis de prensa escrita y radial de 18 medios de circulación nacional y regional, el Observatorio de Conflictos de COES en su informe anual del año 2020, ha estudiado la cobertura de protestas de los últimos once años (2009-2019), haciendo especial hincapié en el estallido social –cuya medición abarca el registro desde el 18 de octubre hasta el 31 de diciembre de 2019. La sistematización de esta base de datos (de libre acceso) considera 90 variables con las que se codificaron las acciones contenciosas que cumplen con: i) ocurrir en un espacio y tiempo determinado, ii) expresar una demanda colectiva, y iii) abarcar la participación de un solo individuo, grupos pequeños y/o concentraciones masivas sobre un millón de personas. 

En los últimos once años –hasta el 17 de octubre de 2019–, en Chile ocurrían cinco acciones de protesta en promedio al día. Con el estallido social –desde el 18 de octubre hasta el 31 de diciembre de 2019–, la explosividad de la protesta superó en demasía los parámetros de conflictividad que se habían observado hasta entonces, multiplicándose por nueve, es decir, hubo 45 acciones de protesta en promedio al día. Lo anterior equivale a reproducir tres veces las movilizaciones del movimiento estudiantil entre junio y agosto de 2011, el segundo período más álgido de movilización de la última década. 

 En esta última década la participación en las movilizaciones fue marcada principalmente por parte de estudiantes y trabajadores, pero con el estallido social ésta bajó considerablemente. En cambio, aparecieron tres nuevos grupos con mayor representación en las protestas: vecinos (20%), mujeres (25%) y encapuchados (35%). Los primeros, refieren a personas unidas por una cercanía y arraigo territorial; mientras que las segundas, desde el 2015, con la intensificación de las movilizaciones feministas en contra de la violencia hacia las mujeres, han ido consolidando su protagonismo y articulación. Por otro lado, desde el 18 de octubre las mujeres estuvieron muy presentes en otras demandas, como por ejemplo por una Asamblea Constituyente. Por último, los encapuchados, a quienes se les asocia con las manifestaciones violentas, casi cuadruplicaron su participación en relación a la década anterior y representan a un tercio de los grupos activos movilizados. 

Una de las particularidades del estallido social refiere a que no hubo una organización articuladora convocante, como antes lo había sido la Confech o la Coordinadora No + AFP, por ejemplo. Previo al 18 de octubre, el 56% de las protestas reportaba la presencia de, al menos, una organización, y el 14% en dos o más organizaciones. Luego del 18 de octubre, esta cifra se redujo a un 22% y a un 8%, respectivamente. No obstante, las organizaciones que más participaron del estallido social son: la Mesa de Unidad Social, la Federación Nacional de Recolectores (FENARCHI), la Unión Portuaria, el Movimiento “No Más Tag” y el FENPRUSS (Confederación Nacional de Profesionales de los Servicios de Salud). 

 Una explicación es que “tal como lo han expresado muchas encuestas, en Chile hay una tasa decreciente en la afiliación a organizaciones de todo tipo, las que hoy cumplen un rol menos protagónico en la sociedad. En su lugar, la sociedad se está estructurando cada vez más a partir de vínculos y redes informales (grupos de amigos, familiares y vecinales, compañeros de curso o colegas de trabajo), que no cuajan con las estructuras organizacionales piramidales, en que el rol de los líderes está bastante desprestigiado”, explica Nicolás Somma, investigador del Observatorio de Conflictos, también director y profesor asociado del Instituto de Sociología (ISUC) de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

Al mismo tiempo, solo el 25% de las protestas durante el estallido social empujó una demanda específica, en comparación a los años anteriores en que éstas representaban el 92%. En este periodo, la única que tuvo un aumento significativo fue la asamblea constituyente o el cambio constitucional, que hasta antes del 18 de octubre prácticamente no existía.

Para el politólogo Tomás Campos, coordinador del Observatorio de Conflictos, el estallido social es una explosión de protestas y de expresiones que permiten una apertura del sistema político, lo que se conoce como una “ventana de oportunidad”, y agrega que: “esto permitió que volvieran a levantarse y posicionarse demandas que venían gestándose hace una década atrás, como el precio de los medicamentos, la deuda universitaria y el ingreso mínimo; que si bien no tenían una relación directa con la evasión del Metro liderada por los secundarios, terminó por canalizar dichas demandas en el proceso actual del posible cambio constitucional”.

A su vez, las demandas por temas laborales y de educación disminuyeron notablemente –aún así, siguen siendo las más frecuentes–, mientras que las demandas ecologistas-territoriales presentaron una baja significativa, hasta casi desaparecer del mapa. Las demandas por salud, previsión social, vivienda y género se mantienen o aumentan levemente, siendo las dos primeras las que permitieron visibilizar los problemas materiales de grupos vulnerables como las personas de tercera edad.    

La violencia recíproca y sus expresiones

Según detalla el informe, las organizaciones (vinculadas a movimientos sociales o no) difícilmente pudieron movilizar a tantas personas en tantas acciones. Para el sociólogo Nicolás Somma, la desarticulación de las demandas, en parte, facilitó que se dieran distintas dinámicas, como la difusión informal de la protesta por grupos concéntricos con una inclinación muy fuerte hacia la violencia. “Esto termina abarcando a una población que probablemente no estaba predispuesta a la violencia, pero que se suma porque hay un clima de violencia (…) Hay energía y emociones colectivas que se producen en actos que buscan superar la institucionalidad con la transgresión, y que tiene una mezcla de miedo, excitación y entusiasmo que se autopropulsan”, señala.

Además, en el 40% de las protestas del estallido social ocurrieron actos violentos, tanto por la acción represiva de las fuerzas armadas y de orden –uso de carros lanzaaguas, bombas lacrimógenas o armas de fuego, y el enfrentamiento y/o detenciones de los manifestantes– como por las tácticas violentas por parte de los manifestantes –destrucción de la propiedad pública y privada; saqueo de tiendas, oficinas y supermercados; ataques a las fuerzas policiales; y quema de autos y edificios.

Si bien hubo mucha violencia por parte de la policía y de los manifestantes, Somma destaca que no hay que perder de vista que, dentro de las tácticas de protestas utilizadas, el grueso responde a tácticas pacíficas (40%), seguidas por las disruptivas –huelgas, paros, tomas de predios o establecimientos, ocupaciones de plazas, entre otras– (34%), las que no necesariamente fueron violentas; y en último lugar, las tácticas violentas (26%).

Otro resultado relevante es que, en términos generales, la protesta violenta aumenta la represión policial, pero lo mismo ocurre a la inversa: la represión policial aumenta las tácticas violentas, en vez de disuadirlas “produciendo espirales de violencia generalizada que se retroalimentan”, señala el estudio. A su vez, según la evidencia reportada, los manifestantes reaccionan más rápido con tácticas violentas a una represión policial pasada, que policía reprimiendo protestas violentas. Por último, a nivel desagregado, en la Región Metropolitana y, en menor medida, en la Región del Bío Bío, existe mayor represión policial a causa de la violencia en las manifestaciones; mientras que en la Región de La Araucanía hay una alta estimulación recíproca entre tácticas violentas de protestas y represión policial, con una alta significancia estadística.
¿Qué pasa en las regiones? Si bien las protestas que han tenido mayor alcance masivo han ocurrido en la Región Metropolitana, seguidas por Valparaíso y por Bío Bío, al considerar el número de acciones contenciosas por cada diez mil habitantes, se observa una mayor actividad contenciosa en el norte y en el sur. Esto se debe a que en el norte, predominan las industrias extractivas que ofrecen bajos salarios (exceptuando las empresas mineras, especialmente CODELCO) y, en ciertos casos, precarias condiciones de trabajo. Mientras que en el sur, particularmente en las regiones de La Araucanía y de Aysén, se observa una alta frecuencia de protestas por mayor autonomía regional, caracterizadas por las demandas mapuche y por movimientos regionalistas, respectivamente.

En las regiones de La Araucanía y Aysén, se multiplicaron tres veces las protestas durante el estallido social en relación al periodo analizado. De hecho, Aysén es la región que presenta la tasa de protestas más alta por habitantes del país, y la que se encuentra en una condición de mayor aislamiento geográfico en Chile continental. Si en la Región Metropolitana las protestas se multiplicaron por nueve, su efecto fue aún mayor en las regiones de Antofagasta, Tarapacá y El Maule (x11), Valparaíso (x12), siendo todas estas superadas por Ñuble, donde las protestas se multiplicaron por 18. Finalmente, cabe señalar que hacia el sur, las acciones contenciosas van disminuyendo su efecto multiplicador: Los Lagos (x8), O’Higgins (x8), Magallanes (x7), Los Ríos (x6), La Araucanía (x3) y Aysén (x3).