Yolanda Pizarro asistió a la ceremonia en la que oficialmente se puso en marcha a la tercera y última fase del proyecto que evitará la revictimización de niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos.

“Queremos cambiar la mirada adultocéntrica donde no priorizamos los derechos de niños, niñas y adolescentes. Con este proyecto ponemos el foco en esos derechos vulnerados y evitamos que se sigan vulnerando”, dijo la autoridad ministerial.

Santiago, 03 de octubre de 2022.- La subsecretaria de la Niñez, Yolanda Pizarro, destacó que la puesta en marcha de la Ley 21.057, que regula las entrevistas videograbadas para niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos, significa un cambio en el paradigma en la forma en que aborda los derechos de la niñez y adolescencia, tras participar este mediodía de la ceremonia en la que se dio inicio a la tercera y última fase de esta iniciativa, que involucra al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Poder Judicial, Ministerio Público, Carabineros y Policía de Investigaciones.

“Esta es una buena noticia para la protección y respeto de derechos de niños, niñas y adolescentes, ya que se evita la revictimización de aquellos niños y jóvenes que han sido víctimas de delitos, en especial los de carácter sexual, ya que se dispone de un sistema donde la declaración de la víctima se hace una sola vez, mediante una entrevista videograbada, y ésta es utilizada en todo el proceso, evitando que deba declarar una y otra vez, como ocurría antiguamente, generando un daño innecesario para él o ella”, sostuvo Pizarro.

A su juicio, “es también importante en un cambio de paradigma que está viviendo nuestro país y que debe seguir cambiando, que es esa mirada adultocéntrica donde no priorizamos los derechos de niños, niñas y adolescentes. Con la entrevista videograbada para los procesos judiciales ponemos el foco en esos derechos vulnerados y evitamos que se sigan vulnerando”.

“Felicitamos este trabajo conjunto que impulsa el Ministerio de Justicia, el Poder Judicial, el Ministerio Público, Carabineros y Policía de Investigaciones, que permitirá un trabajo muchísimo más respetuoso de los derechos de niños, niñas y adolescentes, y creemos que es un buen punto de partida para otras acciones que van de la mano de la implementación de la Ley de Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia”, recalcó la subsecretaria.

Yolanda Pizarro recordó que dicha normativa “obliga al Estado en su conjunto, pero también a la sociedad, a remirar a niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho, y como tales todos y todas debemos respetar sus derechos, protegerlos, promoverlos y repararlos en caso de vulneración”.

“Por último, quiero señalar que desde el Gobierno tenemos buenas noticias para la Niñez y Adolescencia. El Presidente Gabriel Boric anunció, en su mensaje al país para informar sobre el Presupuesto de la Nación, un aumento de 16% en recursos, más de 117 mil millones de pesos, para la implementación de la Ley de Garantías y el fortalecimiento del Servicio de Protección Especializado”, concluyó.

La ceremonia se realizó en la explanada del Centro de Justicia, con la presencia de la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Ríos; el subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo; el presidente de la Corte Suprema, Juan Eduardo Fuentes; el Fiscal Nacional (s), Juan Agustín Meléndez, y representantes de Carabineros y la PDI.

Cabe señalar que la Ley Ley 21.057, que regula las entrevistas videograbadas para niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos, inició hoy su tercera y última etapa, que incorpora a las regiones de Valparaíso, O’Higgins, Los Lagos y Metropolitana. El sistema establece protocolos para el proceso penal, tanto para niños, niñas y adolescentes como para los y las funcionarias.

Así, los niños, niñas y adolescentes interactuarán con un funcionario debidamente formado y acreditado para ejercer el rol de entrevistador y/o intermediario; testificarán en una sala especial, habilitada para que entregue su relato en condiciones seguras y resguardando su privacidad; y se limita la realización de otras diligencias que impliquen la participación de ellos y ellas, entre otras características.