El Seremi de Economía de La Araucanía, Cristian Salas aclaró los puntos importantes respecto a la ley de estacionamientos.

«El trabajo desarrollado por la Comisión Mixta y que fue respaldado por ambas Cámaras, permitió establecer en el texto legal un conjunto de materias que resguardan de manera adecuada los derechos de los consumidores frente al servicio de estacionamiento que se presta en distintos establecimientos».

Así podemos destacar los siguientes puntos:
En primera instancia se fija que el proveedor del servicio de estacionamientos –en caso de cobrar- deberá optar por alguna de las siguientes modalidades de cobro:
a. Cobro fraccionado por tiempo efectivamente utilizado: este es uno de los puntos más sentidos por los consumidores, en cuanto a que efectivamente se cobre y se pague por el tiempo efectivo de uso de un determinado servicio.
b. Cobro por tramos vencidos, estableciéndose un tramo inicial mínimo de 30 minutos, y que los siguientes tramos no pueden ser inferiores a 10 minutos.

Además el proyecto habilita a que los proveedores de servicios de estacionamientos, conforme a sus políticas comerciales puedan establecer períodos exentos de cobro.

Regulación por pérdida de voucher: el proyecto de ley aprobado prohíbe expresamente el cobro por perdida del voucher, estableciendo la obligación del proveedor del servicio de cobrar el tiempo efectivo de utilización del servicio, consultando a tales efectos sus registros y prohibiendo el cobro de un precio o tarifa prefijada, multas o recargos, siendo este un punto relevante de la iniciativa, por cuanto permite abordar una de las situaciones consideradas más injustas por los consumidores.

No cobro de estacionamientos en servicios de urgencia de establecimiento asistenciales: esta situación en la cual el proyecto plantea una solución de justicia respecto de aquellas personas que requieren utilizar un estacionamiento en servicios de salud con motivo de la utilización del servicio de urgencia.

Se incorporaron reglas claras y expresas respecto de la responsabilidad civil que recae sobre el proveedor del servicio en caso de robo o hurto de vehículos, así como también respecto del daño que sufre el consumidor con ocasión del robo o hurto de especies dentro de ellos.

Se incorporó una norma que obliga a los proveedores de estos servicios a publicar las tarifas y toda la información respecto de los derechos que la ley ha establecido.

El proyecto aprobado considera normas transitorias que permiten una aplicación paulatina de la ley de modo tal de evitar no sólo eventuales conflictos, sino que además permitir las adecuaciones técnicas y de sistemas para su correcta aplicación.