En comisión de Constitución, el senador Francisco Huenchumilla valoró el proyecto que busca agilizar sanciones a los alcaldes, en casos donde se acredite su responsabilidad administrativa frente a irregularidades, y apoyó la idea de que sea la Contraloría General de la República quien aplique directamente las sanciones a los ediles en estos casos. La iniciativa continuará su tramitación en esa instancia en semanas sucesivas, para luego pasar a discusión en la sala del Senado.

El parlamentario explicó que en la legislación actual “el alcalde no tiene ningún jefe, a nadie, absolutamente. Yo nunca he sentido la mayor libertad que cuando fui alcalde, porque efectivamente uno no responde ante nadie; ni siquiera ante el presidente de la República, que lo pudiera llamar y si el alcalde no lo quiere hacer, simplemente no lo hace. Ni el intendente, ni el diputado, ni el senador. Lo único que tiene, como digo, es el control de la legalidad del gasto, y de las licitaciones, que las revisa la Contraloría”, explicó.

Rol para la Contraloría

“Por eso, se buscó un órgano que pudiere sancionar directamente a los alcaldes, y por eso se apuntó a la Contraloría como un órgano más independiente, más neutro, que está por encima del bien y el mal en esta materia; y que en consecuencia sería el único organismo del estado al cual el alcalde pudiera responder, porque si no, no responde ante nadie”, reiteró el legislador.

“Por eso a mí me parece bien que sea la Contraloría la que aplique directamente la situación al alcalde, y eso no atenta para nada en contra de la autonomía de la municipalidad, porque la autonomía dice relación con materias de gestión más bien, que con responsabilidades administrativas”, apoyó.

Rol del Tribunal Electoral Regional

En este mismo sentido, el senador manifestó aprensión, según se propone en el proyecto actual, con que se pida el pronunciamiento del TER respecto de una sanción propuesta por la Contraloría. “El TER está más bien hecho para cuestiones electorales que políticas; y no para responsabilidades contencioso administrativas, porque en Chile lo que nos hace falta son tribunales de lo contencioso administrativo”, planteó el senador.

“Y tampoco las cortes de apelaciones están hechas como para conocer ese tipo de destituciones, cuestiones más de fondo, o cuestiones de responsabilidad administrativa. Ahí tenemos una carencia, con los tribunales administrativos, que deberíamos tenerlos y no los tenemos”, consideró.

Situación actual

El senador agregó que en la actualidad “el alcalde y las municipalidades no están sujetos a la fiscalización de la Cámara de Diputados, por lo que el órgano encargado de la fiscalización es el Concejo Municipal. Pero, en definitiva, con los años se forma una simbiosis que no es virtuosa, para los efectos de control, entre los alcaldes y los concejales; por lo tanto, la única posibilidad es el control de legalidad de la Contraloría, y lo que pudiera ser el órgano de control interno”.

“Por eso este proyecto, establece normas más objetivas para sancionar las conductas que atenten contra la probidad y otras; en virtud de lo cual la Contraloría actuará directamente, siendo ahora obligatorio para el Concejo enviar los al Tribunal Electoral en caso de destitución”, destacó.

En sesiones sucesivas será invitado el Contralor General de la República, para conocer su visión y posibles aportes al proyecto. En este sentido, el parlamentario expresó: “Creo que en general esto ha salido bien de la comisión de Gobierno Interior, y creo que una vez escuchando al Contralor pudiéramos después, simplemente, hacer los ajustes que estimemos convenientes y despachar el proyecto (…) creo que es necesario legislar sobre esta materia”, concluyó.