“Carabineros de Chile ha enfrentado uno de los momentos más complejos de su historia debido a graves irregularidades vinculadas principalmente al manejo de fondos institucionales, lo que ha evidenciado que los controles internos y externos a los que está sujeta la institución, no han sido capaces de detectar oportunamente este tipo de hechos”.

Esa es la introducción que se consigna en el proyecto de ley que este lunes fue presentado por el Gobierno a la Cámara de Diputados y que pretende, entre otras cosas, “mejorar la transparencia, probidad y eficiencia en el desempeño” de la policía uniformada, que por estos días enfrenta una crisis derivada de un fraude interno que ya se eleva por sobre los $26 mil millones, con más de cien imputados y un ex general director formalizado.

La iniciativa del Ejecutivo, que será analizada en la comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara baja, considera la entrega anual de información al Ministerio del Interior relacionada a los planes de compra, auditorías internas y políticas de recursos humanos. A eso se suma la “incorporación del principio de probidad administrativa” en la institución y la obligación de someter a toma de razón en Contraloría “sobreseimientos, absoluciones y aplicación de medidas disciplinarias”.

Pese a considerarlas como un aporte, el presidente del Consejo para la Transparencia (CPLT), Marcelo Drago, señaló que el proyecto presentado aún es exiguo en relación a la crisis que enfrenta la policía uniformada.

“Cuando decimos que Carabineros de Chile debe ordenar la casa, nos referimos a un trabajo profundo y estructural. Acá debe haber transparencia hasta que duela», sentenció Drago, recalcando que si bien el proyecto de ley aborda ciertas temáticas “es insuficiente y no aborda el problema de fondo”

“La iniciativa aborda la problemática de manera superficial. Nosotros esperamos algo que haga remecer la institucionalidad positivamente y de cara al país. Los chilenos y chilenas están esperando mucho más de la policía uniformada. Es apremiante que Carabineros reporte información fehaciente al Gobierno, pero también es urgente que se establezca un sistema de auditorías externas e independientes que logren reorganizar a la institución”, agregó la autoridad, detallando que además, se requiere una profunda revisión de los manuales de doctrina y ética, así como el establecimiento de un canal de denuncias y una reestructuración de los procesos internos en la institución.

“Es momento de implementar los más altos estándares de transparencia en esta institución, facilitando el acceso a la información de las personas y adoptando una política de sobriedad en el uso y manejo de los recursos públicos”, reafirmó Drago.