El ministro de Hacienda, Mario Marcel, asistió este martes a la segunda reunión en la Comisión de Hacienda del Senado que continuó con la discusión del proyecto de ley de Cumplimiento Tributario, pieza fundamental del Pacto por el Crecimiento Económico, el Progreso Social y la Responsabilidad Fiscal que impulsa el Poder Ejecutivo.

Durante la sesión de hoy, el secretario de Estado defendió varios de los puntos del proyecto de ley como la gobernanza del Servicio de Impuestos Internos, los procedimientos para obtener el levantamiento del secreto bancario en diferentes situaciones y el trato unificado a los grupos empresariales, sean grandes o pequeñas
empresas que tengan relaciones de propiedad entre sí.

El ministro explicó que las modificaciones propuestas no son cambios “copernicanos”, como sí lo fue el proyecto que modificó al sujeto retenedor del IVA. “Respecto de lo señalado como cambio copernicano, creo que entramos a disquisiciones conceptuales. Para mí el tema no tiene que ver con cuánto puede aumentar la recaudación, sino con cuánto cambia, en su esencia, un determinado mecanismo tributario. Por ejemplo, cuando se introdujo la factura electrónica no se cambió nada respecto de la de la normativa de la factura, sino que se pasó a realizar todo a través de medios digitales. Eso no fue un cambio ‘copernicano’, pero generó harta recaudación. De hecho, es probable que gran parte de lo que aumentó la recaudación después del 2014 se deba mucho más a la factura electrónica que a los cambios que hubo en la ley”, sostuvo.

Sobre la gobernanza del SII, y específicamente lo relacionado con el nombramiento de su máxima autoridad, el Ministro Marcel informó que ante la permanente referencia a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) como fuente de información respecto de las administraciones tributarias, “estamos solicitando a la OCDE que identifique un buen especialista con conocimientos específicos, para que pueda participar, vía remota, en las audiencias de esta Comisión, para que pueda responder todas las consultas y dudas que pueda haber respecto a la gobernanza”.

Sin embargo, adelantó que “un planteamiento que se puede hacer es eximir al Servicio de Impuestos Internos de las ‘balas de plata’ (Sistema de Alta Dirección Pública). O sea, que haya que necesariamente usar siempre un mecanismo competitivo o de concurso para nombrar al director. Pero, si lo vamos a discutir, nos gustaría mirarlo de una manera un poco más sistémica”.

El ministro Marcel recordó que durante la discusión del proyecto, se ha hecho referencia a la experiencia en Estados Unidos, donde como parte del Inflation Reduction Act (IRA), aprobado en 2022, se incluyó un aumento del presupuesto para la administración tributaria por US$80 mil millones en diez años destinado especialmente a unidades de fiscalización. “Habría que dividir (el aumento presupuestario) por mil para encontrar lo que estamos planteando nosotros en este proyecto. Pero lo interesante es que, se estimó el retorno marginal de invertir en actividades de fiscalización, encontrándose un multiplicador de 6,4. O sea, por cada dólar invertido en fiscalización, se proyecta recaudar US$6,4 adicionales».

Otro de los aspectos más discutidos del proyecto es el levantamiento del secreto bancario y el riesgo de que el Servicio de Impuestos Internos sea “juez y parte”.
Sobre el punto, Marcel señaló que este procedimiento “siempre es con un propósito específico, no es simplemente hacer pública una cuenta corriente. En este caso en particular, para fiscalizar ciertos delitos tributarios y una vez de realizados una serie de pasos intermedios. O sea, no basta con que simplemente el SII diga estoy investigando un delito tributario, sino que debe haber citado al contribuyente, haberle requerido información, haber perfilado cuál es el delito que está investigando y por qué requiere tener la información bancaria. Y una vez que accede a esa información y la usa para el propósito de fiscalización, la información se destruye. Esto lo menciono porque, en estricto rigor, la intimidad absoluta no existe en materia bancaria”.

Prosiguió: “De la misma manera, también existe la protección del secreto tributario. Porque nuestras declaraciones de impuestos no son públicas, están protegidas por el secreto tributario, que sólo se levanta bajo ciertas circunstancias. También existe el secreto estadístico. Entonces tenemos varias instituciones, personas y organizaciones que tienen acceso a información con ese carácter de intimidad, pero eso no quiere decir que el hecho de acceder a ella para un cierto propósito signifique violar integralmente esa intimidad. En la propuesta del Ejecutivo, siempre hay la actuación de un juez de por medio”.

Respecto a la figura del denunciante anónimo, el titular de Hacienda recalcó que, de la experiencia en el mercado financiero, no se ha observado un mal uso y destacó que según la OCDE, este tipo de programas puede ser una herramienta crucial para obtener información sobre delitos. «Las sanciones contenidas en el proyecto
de Cumplimiento son mayores que en el denunciante anónimo del mercado financiero. La multa es de 15 UTM versus entre 6 y 10 UTM, además de penas que pueden llegar a ser presidio menor en su grado máximo o presidio menor en su grado medio. Entonces, la denuncia falsa es más penalizada que lo que se da en el caso del mercado financiero, y donde no tenemos evidencia de que en este caso (mercado financiero) haya sido un instrumento mal utilizado».