Uno de los puntos críticos para avanzar en el proceso de descarbonización de Chile, y así disminuir el aporte del país al cambio climático, es tener claridad sobre las fuentes de generación que reemplazarán el parque termoeléctrico actual.    Este aspecto es el que define si la implementación es a corto, mediano o largo plazo.

El gobierno y parte del sector eléctrico han propuesto el 2040 como año clave para el fin del carbón para energía, mientras que algunas empresas han planteado el 2030.  En el fondo, no hay total acuerdo al respecto.  Incluso en el Congreso se tramita un proyecto de ley que adelanta el cierre generalizado al año 2025, el cual fue aprobado en junio por la Cámara de Diputados y hoy se encuentra en revisión en la Comisión de Minería y Energía del Senado.

La sociedad civil se ha sumado al debate, entregando propuestas sobre el fomento de las energías renovables no convencionales (ERNC) que harían viable la descarbonización al año 2030, como piso mínimo.

En Chile, el sector energía es el responsable del 78% de las emisiones de Gases Efecto Invernadero (GEI), por lo que es necesario impulsar una transición rápida y de gran alcance. Por sí sola, la generación eléctrica en base a carbón corresponde al 41,5% de las emisiones de dicho sector, por lo que la descarbonización del sector eléctrico chileno debe materializarse al 2030, y simultáneamente avanzar en la “desfosilización” de toda la matriz energética.

Más ERNC, menos carbón

Para ello se requiere remover las barreras de entrada de estas tecnologías y acordar con las comunidades, empresas y autoridades locales una transición justa que resguarde los derechos laborales, el desarrollo local y remedie  los  impactos sociales y  ambientales de un rápido y masivo avance de las ERNC.

En esto, el movimiento socioambiental ha planteado que el Plan de Descarbonización al año 2040 que han acordado el gobierno y las empresas tiene cuatro problemas fundamentales:  dos décadas es un período demasiado extenso cuando la urgencia del enfrentar el cambio climático y los problemas de salud y ambientales locales es ahora; deja el compromiso a la voluntad de las empresas; incorpora la figura de Estado de Reserva Estratégica que es un subsidio que se paga a las empresas para no operar sus carboneras; y permite que las centrales a carbón se vendan a otras compañías.

“Chile puede ser líder en la descarbonización y en la transición hacia un desarrollo basado en energías limpias” han señalado desde Chile Sustentable, que recientemente lanzó el estudio “Propuestas regulatorias para el ingreso masivo de las ERNC a la matriz eléctrica en Chile”, elaborado por KAS Ingeniería por encargo de la ONG ambientalista.

En éste plantean la necesidad de que se garantice información, transparencia e igualdad de condiciones en el mercado eléctrico, eliminando subsidios y distorsiones; que se elimine la figura de Estado de Reserva Estratégica; que se corrija la forma de aplicación del impuesto verde cargándolo al costo variable de la energía que determina su  inyección al sistema eléctrico; y aumentar el monto del impuesto a 32 dólares la tonelada de CO2 (costo de abatimiento).

También, la necesidad de eliminar la norma “que obliga al sistema eléctrico a generar con gas cuando existe mayor stock que lo utilizado o se importa más gas que la capacidad de almacenarlo”, conocida como la figura de “gas inflexible” que se estableció en favor de las generadoras a base de GNL porque no invirtieron en capacidad de almacenamiento.  Este procedimiento afecta a las ERNC, condenándolas a desechar la energía generada.