“Aprobaré porque quiero una nueva constitución para Chile. Una Constitución que permita que los bienes básicos sean asegurados por el Estado, como la salud, la previsión, el derecho al agua, a la Educación. En todos esos ámbitos y en todos otros, es el mercado el que el que lo atiende porque la Constitución define que el Estado tiene un rol subsidiario.

Después de 200 años, por primera vez vamos a tener la oportunidad de elegir a quienes van a redactar, conversar, discutir, debatir cada uno de los temas de la nueva Constitución. Por eso es muy importante que pueda ser redactada por la constituyente 100 por ciento elegida, porque de ese modo también les damos participación a los pueblos originarios, a la mujer.

Lo que tenemos que hacer para recuperar el prestigio de la política y de la democracia, es cómo se resuelven las demandas de la ciudadanía (…) La ciudadanía está enojada con la política porque esta está muy lejos el Estado; siente muy lejos las soluciones.

Jaime Guzmán dijo que iba hacer de esta Constitución un instrumento que permita mantener incólume el modelo de atención al mercado, donde cualquier gobierno que suceda y quiera hacer algo muy distinto, no lo va a poder hacer. Bueno, ahora vamos hacer algo muy distinto.

El Tribunal Constitucional no va a tener el rol de ser filtro de la nueva Constitución, son los ciudadanos. Por tanto, el paso que estamos dando es inédito y por eso se podrá hacer reformas de fondo, porque se llamó a plebiscito que nunca se había hecho”.

Por Héctor Cárcamo Millar

El próximo 25 de octubre, cada elector tendrá la oportunidad de aprobar o rechazar la redacción de una nueva Constitución para Chile y, al mismo tiempo, escoger el mecanismo que se utilizaría para su redacción (Convención Mixta o Convención Constitucional).

Sin embargo, ¿por qué es necesario este proceso? ¿Por qué Chile necesita una nueva Constitución?

 Todo depende del cristal con que se mire. Pero las movilizaciones de hace un año, señalaron y exigieron una nueva carta magna porque  era fundamental para traer al país un mayor equilibrio entre los sectores de mucho poder económico y político y los millones de chilenos que cada día se ven enfrentados a mayores dificultades para sostener en forma digna a sus familias.

Eugenio Tuma es uno de los líderes políticos de la región. Más de alguno nos podrá decir su exceso de protagonismo en nuestro medio, pero no hay muchos con experiencia y trayectoria para dar validez a sus contenidos. No cabe duda que tiene su peso, porque en 1993 fue elegido diputado en lo que fue el distrito 51, fue reelecto sucesivamente en cuatro períodos hasta cuando fue electo Senador de la República por el período legislativo 2010-2018. No volvió a postular por la reelección –provocando la sorpresa de su partido, el PPD y del espectro político nacional- porque se le señalaba como seguro ganador.

A Tiempo21 señaló que lo hizo porque pensaba que podía ser un mejor aporte en el nuevo cargo que se creaba, el de gobernador regional.

Nació en Temuco el 29 de julio de 1945. Es hijo de Juan Tuma Masso y María Zedán Bulos. Toda su vida la pasó en esta ciudad, salvo el período que fue cadete de la Escuela de Aviación y sus estudios en la Universidad de Chile, donde se graduó de ingeniero comercial y contador auditor. Desde su juventud militó en el Partido Radical hasta que en 1986 pasó al Partido Por la Democracia.

No al rol subsidiario

¿Por qué usted apoyará el Apruebo en el plebiscito del domingo 25?

-Aprobaré porque quiero una nueva constitución para Chile. Una Constitución que permita que los bienes básicos sean asegurados por el Estado, como la salud, la previsión, el derecho a al agua, la Educación. En todos esos ámbitos y en todos otros, es el mercado el que el que lo atiende porque la Constitución define que el Estado tiene un rol subsidiario y lo que están en primera línea para atender todas las demandas de la ciudadanía es el mercado, el sector privado. Es este mercado el que no satisface las demandas de la población. En materia de Salud, si usted no tiene recursos, no se atiende, tiene que esperar años que el sector público lo atienda. Mientras tanto, platas del Ministerio de Educación y del Ministerio de Salud van a subsidiar a los que están prestando servicios, prestadores particulares, privados. Creo que la única manera de resolver esto es garantizando un nuevo rol del Estado que permita intervenir, asegurar, a los sectores más vulnerables sus necesidades básicas como son la salud, la educación y la previsión. Tenemos una Constitución que debe avanzar en cómo equilibrar los distintos poderes del Estado.

 Si gana el Apruebo ¿Cuál debería ser el mecanismo encargado de la redacción de la Nueva Constitución?

-El encargado de la redacción de la nueva Constitución debe ser una constituida por los ciudadanos, informada por un conjunto de personas que van a estar dedicados exclusivamente a esta tarea, por supuesto que hay que colocar un apoyo técnico pero serán los ciudadanos elegidos los encargados precisamente de redactar la nueva Constitución. Después de 200 años de constituciones en Chile, por primera vez vamos a tener la oportunidad de elegir a quienes van a redactar, conversar, discutir, debatir cada uno de los temas de la nueva Constitución. Por eso es muy importante que la nueva Constitución pueda ser redactada por la constituyente 100 por ciento elegida porque de ese modo también les damos participación a los pueblos originarios, a la mujer. Dijimos que también iba tener paridad. Si va a una comisión mixta, la mitad va a estar constituida por parlamentarios y la otra mitad elegida, no cuadra, no es posible cerrar el círculo porque ahí no funcionaría la paridad. Solamente va a aplicarse la paridad cuando el 100 por ciento de los ciudadanos encargados de redactar sean elegidos.

¿Cuáles son los contenidos específicos por lo que usted desea cambiar la actual Constitución?

-Básicamente el rol del estado que señalé. Las constituciones lo que hace es delimitar cada uno de los órganos del estado.  Creo que estas constituciones destinadas a mantener la monarquía o el presidencialismo hay que darle un equilibrio entre el poder que tiene el Presidente de la República, sus ministros y el Gobierno y el contrapeso que debe tener a través el Parlamento. El Parlamento no tiene facultades, prácticamente es consultivo porque así lo decidió la dictadura como lo dijo el propio Jaime Guzmán, para defender este modelo de constitución que más protege al mercado que a las personas y son las personas que están al servicio del mercado. Y dijo que iba hacer de esta Constitución un instrumento que permita mantener incólume el modelo de atención al mercado donde cualquier gobierno que suceda y quiera hacer algo muy distinto, no lo va a poder hacer. Bueno, ahora vamos hacer algo muy distinto. Vamos a cambiar totalmente la Constitución para los efectos de que cualquier gobierno y la ciudadanía que quiera hacer cambios y no quiera seguir amarrada al mercado que es quien decide la designación de los bienes, ese mercado que no tiene regulación, que es capaz de hacer colusión en los papeles, en los pollos y en todas esas múltiples denuncias de cómo se han puesto de acuerdo para vulnerar a la competencia y vulnerar los derechos de los consumidores. Dicen que es la oferta y la demanda es la que regula. No. Aquí no hay regulación, hay libertinaje, porque hay monopolio, oligopolio, porque se protegen asimismo los grandes controladores del mercado. No hay protección de los consumidores. Un ejemplo: la Ley del Sernac estaba más o menos equilibrada para la defensa de los usuarios y consumidores, fue enviada al Tribunal Constitucional que le cortó la mitad de las facultades que tenía Sernac para defender a los ciudadanos y hacer un equilibrio. Por tanto, esta Constitución tiene que tener ideas básicas para tener un país con acceso a la salud que lo garantice el Estado y también los límites de los poderes del Estado sean equilibrados razonablemente, sensatamente. El Presidente de la República no puede seguir concentrando poderes como un monarca; el Congreso debe tener equilibrios con respecto a esas facultades, que hoy no los tienen.

 Uno de los temas de permanente discusión con Santiago, es el exceso de centralismo. Todas las decisiones de inversiones regionales y comunales se realizan en la capital y pese a las críticas, no permiten que le quiten facultades. ¿Habrá un cambio al respecto?

-Las regiones también deben tener poder para gobernarse, manteniendo el estado unitario. Pero los gobiernos regionales y comunales necesitan mayores facultades. Los municipios que antes solo tenían (a cargo) el aseo y ornato, hay que reconocer que han logrado mayores facultades y reconozcamos que hoy son las principales empresas o entidades de cada comuna, pero es insuficiente. La ciudadanía está enojada con la política porque como los alcaldes son elegidos, entonces son políticos; como lo parlamentarios son elegidos, el Presidente es elegido, entonces son todos políticos y ninguno de esos niveles resuelven los problemas. Ahora vamos a elegir al Gobernador Regional, también es político. Lo que tenemos que hacer para recuperar el prestigio de la política y de la democracia, es cómo se resuelven las demandas de la ciudadanía. La ciudadanía está enojada con la política porque esta está muy lejos el Estado; siente muy lejos las soluciones. Un proyecto de agua potable demora 6 o 7 años en ejecutarse, después de pasar todos los filtros en la región y después en Santiago. También cada uno de los proyectos de inversión se tramita excesivamente en Santiago. La concentración del poder y las facultades que tiene Santiago va ralentizando absolutamente todo y por tanto no se cumple con las demandas de los ciudadanos, en materias sensibles como en materias no sensibles. Este organismo constituyente si en algo va a pesar, es en el equilibrio de funciones. Se va a notar el fortalecimiento de la descentralización, en que los gobiernos regionales, los municipios y los organismos intermedios, puedan tomar decisiones que sean sensatas, de acuerdo a las urgencias y necesidades de la población. La resistencia que han tenido todos los gobiernos para entregar o desprenderse de facultades, es porque ellos la están usando. Bueno, ahora un organismo distinto, que no tenga esas facultades, de usar la administración del estado con equilibrio, mirando desde arriba el Chile que tenemos para hacer justicia con la nueva distribución. Esta nueva carta magna va a distribuir de manera diferente el poder entre el Presidente de la república y el Congreso y entre el centralismo que nos agobia y las regiones que esperan tener mayores facultades para atender más prontamente las necesidades de los ciudadanos.

Mucho se ha discutido por el origen de la Constitución. Algunos dicen que es la del general  Pinochet; otros afirman que es la del ex Presidente Ricardo Lagos porque lleva su firma. ¿Cómo debería llamarse la actual, la de Pinochet o la de Lagos?

– Esta Constitución debería llamarse la Constitución Democrática para la Transición, en la medida de lo posible y por eso la vamos a cambiar. Por primera vez en 200 años, Chile se va a dar una Constitución en la que van a participar los ciudadanos. Va a elegir a los constituyentes y van a tener poder de decisión cuando le propongan al país una redacción de la Constitución, que deberá atender las distintas necesidades de la sociedad chilena. La diversidad es algo muy importante, la participación y representación de los pueblos indígenas en esta constituyente; la paridad que se va a establecer y cumplir; la dedicación exclusiva y la mayor legitimidad que va a tener esta nueva carta fundamental, va ser un acto que nos va a enorgullecer. En 200 años nunca tuvimos la posibilidad de participar en una nueva Constitución, por tanto, hay que avanzar en eso.

 ¿Por qué no se ha avanzado antes?

-Si había dificultad en cambiar un par de artículos; si había que lograr quórums -muy altos- y había que lograr pasar por el Tribunal Constitucional, ahora esto va a cambiar. El Tribunal Constitucional no va a tener el rol de ser filtro de la nueva Constitución, son los ciudadanos, por tanto el paso que estamos dando es inédito y por eso se podrá hacer reformas de fondo, porque se llamó a plebiscito que nunca se había hecho, informado, con garantías, con participación, con información y sin la participación del Tribunal Constitucional. Cuando hacemos reformas en el Congreso, tienen que pasar por el Tribunal Constitucional. Y si no pasan por oficio, parlamentarios de derecha o del conservadurismo han planteado sus reservas para que esa instancia pueda trancar e impedir cualquier reforma. Por eso no se han hecho antes. Lo vamos hacer ahora de manera que hay que hacer una reforma al fondo, con una nueva institucionalidad, con la participación ciudadana, con plebiscito de salida, para los cambios de fondo. (Ahora) el estado dará garantías para atender las demandas de los ciudadanos.

¿Cómo se explica que nuestra región, la de peores indicadores sociales y económicos del país, siempre ganan los candidatos y posturas de la derecha?

– El estigma que tiene La Araucanía que siempre gana la derecha, no es así. Porque sectores progresistas también han ganado en ocasiones en que hacen una buena oferta y depende de los liderazgos. La Araucanía no es de izquierda ni de derecha, vota por los programas sensatos y con los liderazgos claros donde la gente vota con programas donde se pueda satisfacer la demanda ciudadana.

Mucho se habla de postergaciones del nivel central con nuestra región, pero esta es una queja de todas las regiones. ¿Por qué cree usted que nos postergan a nosotros?

 -Mira, esta es la región que más kilómetros de caminos. Sin embargo, otras regiones que tienen un tercio de kilómetros que la nuestra y l cuarta región, le entregan las mismas platas en materia de vialidad. Cito este ejemplo cómo se maltrata a la región. Tratan a La Araucanía como si fuera igual al resto. No es igual que al resto, porque es una región que está estigmatizada por la violencia rural y por la violencia del Estado que ha sido porfiado por tantos años que los pueblos originarios están reclamando un trato de justicia, de equidad, un plan reparación. No nos han escuchado. Se ha estigmatizado esta región como una zona de sacrificio. Por tanto, esta es una oportunidad –con una nueva Constitución- para que el Estado tenga un cambio, un comportamiento absolutamente distinto con La Araucanía, donde se garantice políticas públicas para proteger su biodiversidad, su naturaleza, para recuperar sus aguas y sus iniciativas de ley originadas en la ciudadanía. Este paso que estamos dando terminará con la estigmatización y la zona de sacrificio por la violencia y la porfía del Estado.