En una conferencia internacional de Derechos Humanos sobre el acceso de los Pueblos a la Tierra y los Recursos Naturales y que analizó las políticas de inversiones y despojo territorial por continente, fueron expuestos los conflictos de la industria forestal y proyectos hidroeléctricos en el centro sur de Chile.
La actividad organizada por IWGIA de Dinamarca este 29 y 30 de Octubre en Copenhague, reunió a diversas organizaciones de Derechos Humanos, ambientalistas, representaciones de las cancillerías de Finlandia y danesa, donde también intervino Victoria Tauli-Corpuz, Relatora Especial de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Allí se expusieron dos casos de análisis por continente, que incluyó la situación de Colombia y Chile por el continente americano.
Uno de los elementos tratados en forma general, fue el acaparamiento de tierras y en especial, la adquisición de tierras a gran escala con fines industriales o comerciales, tales como la producción agrícola y de biocombustibles, la minería y las concesiones madereras o de monocultivo forestal, entre otros temas. En estos casos las tierras son adquiridas por inversores en lugar de productores, y a menudo estos inversores son extranjeros. Durante el proceso, la consulta con las comunidades locales y la compensación de estas son muy limitadas, si es que existen, y no se garantizan la sostenibilidad medioambiental ni el control y acceso a los recursos naturales de manera equitativa.
A continuación, parte de los análisis expuestos sobre la situación en Chile, concentrado en el conflicto forestal, donde empresarios como Angelini (Forestal Arauco) acaparan más 1.200.000 hectáreas y el grupo Matte (Forestal Mininco), más de 750.000 hectáreas, terrenos emplazados en el centro sur de Chile y que involucran territorio ancestral Mapuche. Asimismo, se dio cuenta de la situación que enfrentan numerosas comunidades a causa del conflicto hidroeléctrico debido a múltiples proyectos de energía por parte de empresas en territorio Mapuche y que involucran lugares de enorme significación espiritual.

El conflicto forestal en Chile y territorio Mapuche
El Estado chileno sigue potenciando la forestación de monocultivo de especies exóticas mediante la prórroga del decreto 701, que fue creado en 1974 y que pretende duplicar las plantaciones exóticas de pino y eucaliptus. Este cuadro legislativo pone en el tapete la proyección de la herencia y el modelo impuesto por la dictadura militar, consolidando la depredación, el asesinato de la vida rural y la acumulación de riquezas para ciertos grupos privilegiados, en desmedro de las posibilidades de definir nuevas formas de desarrollo que revitalicen la vida rural y que fortalezcan las economías locales.
Es necesario recordar que el decreto 701 aceleró la expansión de los monocultivos, la concentración de grandes extensiones de tierra y el traspaso de las principales empresas de este rubro del Estado a los grupos económicos de Angelini y Matte, así como de tierras de propiedad estatal tras la Reforma Agraria: de un total de 10 millones de has. expropiadas, 3 millones -ubicadas en la faja costera- fueron vendidas en licitaciones públicas. La Corporación Nacional Forestal (CONAF) fue autorizada para enajenar las tierras de la contrarreforma, muchas de las cuales aún eran ocupadas por comunidades mapuche o campesinas. Además se bonificó en un 75% los costos de plantación, manejo y administración, eliminando la tributación y cubriendo casi la totalidad de los costos para las grandes empresas forestales.
En 1979 se implementó la división de las tierras comunitarias mapuche y la entrega de títulos individuales de propiedad privada, favoreciendo un contexto tendiente a la desaparición rural. En 1980, la Corporación Chilena de la Madera, que agrupa a los principales empresarios forestales en Chile, intervino directamente en la confección del reglamento del DL 701 sobre Fomento Forestal, consolidando el patrimonio y expansión de estas empresas. Desde entonces las exportaciones forestales han constituido una alta prioridad para los sucesivos gobiernos chilenos “democráticos”, que desde 1989 hasta nuestros días han seguido apoyando y promoviendo la forestación, estableciendo diversos acuerdos multilaterales de mercado y contribuyendo al aumento de las fortunas de sus grupos económicos.
Las comunas ocupadas por monocultivos forestales (Maule, Bío Bío y La Araucanía) registran una disminución en la disponibilidad de agua, así como los mayores índices de desempleo, emigración y pobreza del país. En la Araucanía entre enero y febrero del 2012 unas 46 mil personas de zonas rurales sufrieron la falta de agua (los monocultivos actúan como verdaderas bombas de agua), afectando seriamente la agricultura de subsistencia. Asimismo, las localidades forestales entre el Bio Bio y la Araucanía, a pesar de las abultadas utilidades que perciben las compañías, concentran los mayores niveles de pobreza del país.
La proliferación de monocultivos ha afectado también los suelos ganaderos, de bosque nativo o agrícola, lo que conlleva pérdida de soberanía y seguridad alimentaria, así como de fuentes activas de trabajo, repercutiendo en el desplazamiento de población rural. La Fundación para la Superación de la Pobreza señala que el escenario para las zonas rurales de la Araucanía es crítico, sobre todo para la pobreza indigente que del 6,5% de 2006 sube a un 9,9% en 2009.
Otras consecuencias que han sido permanentemente denunciadas por comunidades y organizaciones han sido: desplazamiento del Bosque Nativo; uso indiscriminado de plaguicidas y contaminación de ecosistemas; acorralamiento de comunidades rurales por los monocultivos; destrucción de caminos rurales y polución por el tránsito de la maquinaria pesada, principalmente en tiempos de cosecha; pérdida de flora y fauna y de plantas medicinales y alimenticias; trasgresión de lugares sagrados, y peligros de plagas como la avispa taladradora.
Aún así, desde el segundo semestre del 2012 el Ministerio de Agricultura, a través de CONAF, viene promoviendo la prórroga del decreto 701, en miras a fortalecer la forestación, argumentando beneficios para las comunidades indígenas de la región. En la propuesta los pequeños y medianos propietarios recibirían porcentajes mayores de bonificaciones por hectáreas plantadas, y se considera la entrega de incentivos sobre costos de producción, agregando nuevas formas como el de “servicios ambientales”. Esta medida ha sido celebrada por sectores políticos legislativos del oficialismo y la oposición y se ha considerado como un importante “beneficio y oportunidad”. Sin embargo esta estrategia beneficia nuevamente a las grandes compañías, que no necesitarían adquirir más predios, con los riesgos de conflictos y disputas territoriales que esto implica, si no que anexa de manera encubierta los predios de comunidades y campesinos, siendo las propias empresas las que tendrán luego el poder adquisitivo de las cosechas de estas plantaciones.
Otro de los puntos en cuestión es el viciado proceso que se ha llevado adelante transgrediendo normas como el Convenio 169 de la OIT y que pone en entredicho la buena fe de la consulta, de acuerdo a las obligaciones estatales con las normas internacionales.
Hoy, parlamentarios del congreso chileno están en fase de discusión donde existen intentos de imposición de una nueva arremetida para su expansión.
Rechazar este decreto y su prórroga es abrir una nueva oportunidad para discutir sobre el nuevo marco normativo de fomento forestal, bajo criterios democráticos y que vayan de acuerdo con los intereses y necesidades de los habitantes de los diversos territorios y sus economías locales.

El conflicto hidroeléctrico en territorio Mapuche

Múltiples proyectos hidroeléctricos con el propósito de generar suministro eléctrico a la minería, están generando una grave situación de vulnearbilidad a los derechos humanos de las comunidades Mapuche cuyos suelos ancestrales de enorme importancia en aspectos sociales, culturales, económicos y ambientales se ven amenazados y constreñidos conllevando a una generalizada situación de racismo y discriminación hacia sus habitantes.
Diversos proyectos se emplazan sobre suelo ancestral, mayoritariamente en las siguientes regiones: Bio Bio, Araucanía y de los ríos.
Algunos de estos proyectos afectan a lugares sagrados de enorme significación cultural, espiritual y religiosa del Pueblo Mapuche.
Los proyectos en cuestión han sido ingresados al “Servicio de Evaluación Ambietal” –SEA-, sistema administrativo del Estado chileno encargado de su calificación ambiental y corresponden a:
– Proyecto Hidroeléctrico de la Empresa GTD (socia de la trasnacional española ENHEL) “Añihuerraqui”, sector Trancura, comuna de Curarrehue, Región de la Araucanía;

– Proyecto Hidroeléctrico “Central de Pasada El Rincón”, Titular Manuel Madrid -Empresa ENACON-(socio de la transnacional brasileña Latin American Power del multimillonario Andre Esteves), Lugar Truful Truful, Territorio Lifko, Comuna de Melipeuco;

– Proyecto Hidroeléctrico Neltume, Titular Endesa Enel (de origen español – italiano), comuna de Panguipulli, Región de los ríos.

– Proyecto hidroeléctrico “Los Aromos”, territorio ancestral Karilafken (capitales locales con inversionistas particulares de España), comunas de Pitrufquen y Freire, Región de la Araucanía.

– Proyecto hidroeléctrico “Pilmaiquen” (Capitales locales y extrajeros, que involucra asimismo intereses de inversión de ex ministros de la dictadura militar de Pinochet), comuna de Rio Bueno, Región de los ríos.

Los proyectos hidroeléctricos que se emplazan en territorio ancestral Mapuche han ingresado de manera inconsulta sin que el estado chileno cumpla sus obligaciones en materia de garantías y procesos de información previa y libre de acuerdo a las normas internacionales, estando ratificado el convenio 169 de la OIT en Chile desde el año 2008, existiendo en plena vigencia de este tratado internacional activas operaciones de las empresas en los territorios generando serias divisiones y conflictos en las comunidades con severas transgresiones de derechos.
Los proyectos que afectan lugares sagrados Mapuche, están descritos en diversos informes socio culturales y antropológicos establecidos por profesionales competentes e incluso por la propia institucionalidad pública.
Para diversas organizaciones Mapuche y de Derechos Humanos, esta situación general, intensifica las prácticas discriminadoras contra el Pueblo Mapuche al priorizar el Estado chileno la imposición de proyectos que alteran y/o afectan la vida rural de las comunidades en las escasas tierras que poseen y que se tornan “expropiables”, con diversos antecedentes como precedentes y que están relacionados a despojos, usurpaciones, negaciones, transgresiones, colonialismo y neocolonialismo en el devenir, a causa de políticas estatales racistas, de los cuales, diversos órganos de las Naciones Unidas, están en conocimiento.
Estos actos propician la desprotección de los recursos naturales en los territorios ancestrales de las Comunidades con uso y costumbres tradicionales cuya reproducción se liga al equilibrio ambiental y afectan a sus propios planes de desarrollo que ya han sido estipulados y que se anexan en esta comunicación.
Finalmente, no se está respetando los planes de desarrollo de acuerdo a los propios intereses y necesidades de las comunidades que señalan las normas internacionales de derechos de los Pueblos indígenas.