El juez suplente del Tribunal de Garantía de Lautaro, Eduardo Pérez, decretó dos medidas cautelares en contra del empresario de extracción de áridos, Bernandino Apablaza, quien la mañana de este martes amenzó de muerte y agredió físicamente al alcalde de esta comuna, Miguel Jaramillo Salazar, provocándole lesiones de carácter leve.

Apablaza, quien fue detenido por carabineros de Lautaro y pasó de inmediato a control de la legalidad de la detención, fue acusado de los delitos de amenazas de muerte y atentado contra la autoridad, quedando en libertad, pero con prohibición de acercarse al edil o a su familia, así como la prohibición de tenencia y porte de armas de fuego, mientras dure la investigación, cuyo plazo se fijó en dos meses.

Para el alcalde Jaramillo, quien acudió a la audiencia en el tribunal, este fue un acto irracional que ocurre a las afueras de su domicilio particular. «Se trató de una agresión cobarde, hacia una autoridad elegida para velar por el bien común y el interés general de la comunidad, y no para proteger los intereses particulares de un empresario.»

Agregó que «este tipo de situaciones se generan por la inacción de organismos del Estado, como el Ministerio de Bienes nacionales y la CONADI, que hace un par de años están en conocimiento de este conflicto entre la comunidad mapuche y el empresario Apablaza».

El abogado penalista, Gaspar Calderón, quien asumió la defensa del alcalde Miguel Jaramillo, sostuvo que lo grave en este caso es la forma en que se produjeron los hechos. «Un atentado a la autoridad en esas condiciones es no sólo lamentable, sino que las penas que debieran aplicarse en su máxima expresión, debieran llegar a presidio menor en su grado medio, de manera de sentar un precedente y equilibrar la gravedad de los hechos con una pena justa».

El fonde del conflicto deriva de la reclamación que hace dos años realizó la comunidad Martín Curilen de Lautaro, sobre terrenos aledaños al Parque Isabel Riquelme, próximos a la ribera del río Cautín, donde existían faenas irregulares de extracción de áridos, situación que está en conocimiento de las autoridades regionales competentes y, que hasta ahora, no ha sido resuelta.