Escribe: Francisco Huenchumilla Jaramillo, Senador

La crisis habitacional, tanto en el país entero, como en la región que represento en el Senado, es una realidad indesmentible. Desde hace unos 20 años, nuestro país acumula globalmente un déficit de unas 500 mil viviendas. Básicamente, ello ocurre porque son más las familias que buscan habitación, que las viviendas construidas; lo que se suma al cada vez más inalcanzable costo que tiene para las familias, el adquirir un lugar propio para vivir: sólo el valor promedio de las viviendas sociales, en pocos años, ha aumentado de 400 a 1.200 UF. La especulación del mercado inmobiliario ha cumplido un marcado rol en este sentido.

Sin embargo, el efecto más evidente de esta crisis –ya sea directo o indirecto–, es el crecimiento sostenido de los campamentos en el país. La ONG Techo, en su catastro de campamentos 2020-2021, cifró en más de 81 mil las familias que viven en campamentos en Chile, distribuidas en 969 asentamientos de este tipo a nivel nacional.

Mientras tanto, la Región de La Araucanía se ha visto especialmente afectada en este ámbito. Los campamentos en la región han aumentado un 128% durante los últimos dos años, llegando a ser 48 al 2021, lo que se traduce en unas 1.458 familias viviendo en ellos. Además, y según datos del Ministerio de Desarrollo Social, basados en Casen y el Censo de 2017, 21 de cada 100 hogares en nuestra región carecen de habitabilidad; un 6% de ellos presenta condiciones de hacinamiento, y un 18% de los hogares no cuenta con conexión a alcantarillado o fosa séptica.

En medio de esta realidad, la tarea que tenemos desde la política es explorar soluciones que sean prontas y efectivas para dar solución a este déficit. Una buena alternativa son las cooperativas, que no son otra cosa que un grupo de socios, con personalidad jurídica y sin ánimo de lucro, que se proporcionan a sí mismos la vivienda; adquiriendo para ello el suelo, construyendo, y comercializándolas. Al no buscar lucrar con esta actividad –ya que sus socios son sus mismos beneficiarios–, la especulación de precios, tan propia del mercado inmobiliario, queda excluida.

De esta manera, algunas ventajas de los procesos cooperativos son que las personas eviten recurrir a instituciones financieras, adquiriendo eternas y onerosas deudas para adquirir una vivienda; o bien, que puedan hacerlo en mejores condiciones de las que obtendría cada persona por su cuenta. Así también, pueden reducir los costos de materiales y de construcción.

En nuestro país, las cooperativas de vivienda tuvieron un prolífico desarrollo, que contribuyó grandemente al desarrollo de la vivienda social, y que fue interrumpido sólo por la irrupción de la dictadura. Asimismo, En gran parte del mundo existe una larga tradición y cultura de cooperativas. Uruguay, España, Dinamarca, son algunos de los países que las promueven. Y en vista de que la actual política de vivienda ha entrado en crisis, el modelo cooperativo puede volver a surgir aquí, como una alternativa real.

Sin embargo, en Chile, nuestra actual realidad legislativa en materia de cooperativas es del todo mejorable. De hecho, en la actualidad, no contamos con una norma que regule especialmente las cooperativas de vivienda.

En efecto: actualmente tenemos, por una parte, la Ley General de Cooperativas –el DFL Nº5 del Ministerio de Economía– que norma la creación y funcionamiento de todas las cooperativas; y por otra, el Decreto Supremo 49, que regula el Programa Fondo Solidario de Elección de Vivienda. Es este último decreto, el que permite la participación de las cooperativas de vivienda en su programa, sea como grupos organizados, o como Entidades Patrocinantes –más conocidas como EGIS–. A través de esta fórmula, las cooperativas han logrado gestionar parcialmente sus proyectos.

Afortunadamente, ya hay ejemplos en marcha en esta dirección. El proyecto cooperativo que ha impulsado el senador Soria –y cuyo ejemplo y tenacidad inspiran esta columna–, para solucionar el déficit de vivienda en Iquique, es totalmente replicable en el resto del país, incluida La Araucanía; con todo, actualmente existe una estructura jurídica suficiente para desarrollar cooperativas de vivienda, sin perjuicio de que, desde la política, nos aboquemos a solucionar la deuda legislativa que tenemos con ese mundo. Responsablemente, considero que desde la centroizquierda al menos, existe voluntad política para dicho cometido.

En conclusión, un importante paso que podemos tomar desde la política es solucionar la deuda legislativa con el mundo de las cooperativas. Éstas son, además de una solución económica al problema de la vivienda, espacios de organización, autogestión y democracia interna. Se trata de espacios de colectividad, propios de una sociedad democrática; y por ello, regular especialmente a las cooperativas de vivienda, así como todas las aristas asociadas a su funcionamiento –función social del suelo, régimen de propiedad, asistencia técnica y social, entre otros–, puede ser el comienzo de un nuevo impulso al modelo cooperativo en nuestro país.