Hoy, el país está inmovilizado y asiste incrédulo, al penoso y triste espectáculo de dos poderes del estado –el ejecutivo y legislativo- que por todos los medios tratan de evitar que sean los ciudadanos y los jóvenes –con violencia mediante, hay que reconocerlo- participen en el diálogo político. Fueron los jóvenes los que lograron que ahora todos acepten que para terminar con el país desigual, se debe redactar y aprobar una nueva Constitución. Pero ambos poderes del Estado luchan para administrar las comisiones y los contenidos de la futura Carta Magna de la República.
“La última alza del Transantiago el pasado 6 de octubre, cuando el Metro llegó a 830 pesos en horario punta, no pasó desapercibida para la ciudadanía que de diversas maneras ha reaccionado ante esta situación, como en los últimos días con las evasiones masivas en el tren metropolitano”, señalaba el lead de una nota informativa que recogió las primeras escaramuzas de rechazo a la medida del equipo de tecnócratas.

Con los días, no solo pequeños grupos de estudiantes reaccionaron en contra del alza pasando los controles del Metro capitalino sin cancelar, medida que muy pronto fue respaldada por grupos más numerosos, hasta llegar a la aparición de los encapuchados.

«Estamos en guerra contra un enemigo poderoso e implacable que no respeta a nada ni a nadie y que está dispuesto a usar la violencia sin ningún límite, incluso cuando significa la pérdida de vidas humanas, con el único propósito de producir el mayor daño posible», dijo Piñera en un mensaje televisado el domingo 20 de octubre.

El gobierno chileno confirmó la semana pasada la muerte de al menos 18 personas durante las protestas. Hoy llegan a 21. Pero las víctimas de balas siguen aumentando y también entre los policías, con heridos con armas de fuego.

Pero, dicha alza fue el pequeño detonante que encendió “barriles de pólvora» porque luego vamos a completar un mes de movilizaciones y ya se anuncia que de continuar, el país entrará en recesión. Se apagó el pequeño país en donde el libre mercado dejó al Estado en su rol subsidiario y todo era administrado por el mundo privado: la salud, la educación, el transporte, las explotaciones mineras, la propiedad del agua, las telecomunicaciones, la generación y distribución eléctrica, las pensiones, la pesca y los recursos marinos.

Absolutamente todo, todo.

Hoy, el país está inmovilizado y asiste incrédulo, al penoso y triste espectáculo de dos poderes del estado –el ejecutivo y legislativo- que por todos los medios tratan de evitar que sean los ciudadanos y los jóvenes –con violencia mediante, hay que reconocerlo- participen en el diálogo político. Fueron los jóvenes los que lograron que ahora todos acepten que para terminar con el país desigual, se debe redactar y aprobar una nueva Constitución. Pero ambos poderes del Estado luchan para administrar las comisiones y los contenidos de la futura Carta Magna de la República.

Y decimos que el país, que sufre la presión de los grandes poderes económicos dueños de todo, escucha sorprendido como autoridades y parlamentarios discuten para que la redacción de la nueva Constitución no se escape de La Moneda ni del Congreso, donde están a quienes los ciudadanos de Chile hacen responsables de la postergación de sus necesidades más inmediatas para vivir con sobriedad y dignidad. Es en esos recintos donde están los responsables en la construcción de un país desigual.

Porque -mil veces dicho está- la actual carta magna nació en salas reservadas, con puertas cerradas y con fusiles con balas pasadas para quien tuviera la osadía de reclamar.

El «milagro económico» de este país, acuñado por el economista estadounidense Milton Friedman durante el gobierno militar, parece haber ignorado las demandas de una sociedad que dice sentirse abusada, maltratada y postergada. Lo que producía su trabajo se fue reduciendo en la misma medida que aumentaba la acumulación de riquezas en un pequeño círculo, que –dicen- no supera las 170 mil personas.

Reclamamos que en la construcción de una base sólida para el país no solo participen todos los sectores; no solo se escuchen sus voces, sino que en lo fundamental, también la escriban y que finalmente, la aprueben o rechacen. Se lo merecen, tienen derecho en participar en el diseño del marco fundamental para la construcción de un país más justo, más solidario. Ya sabe este pueblo lo que sucede cuando en la vida nacional el poder económico se acerca y apaña al poder político. Dejemos que sea el pueblo de Chile el que diga cómo tiene que ser la sociedad chilena. Y si se equivoca, que sea capaz de enmendar los errores y que se vuelva a levantar.