La arraigada creencia entre muchos economistas conservadores, que la democracia liberal no podría soportar restricciones de derechos fundamentales como las impuestas, es tan cierta que se explica en un reciente fallo de la Dirección del Trabajo que emitió el miércoles, donde señala que los empleadores están eximidos de pagar las remuneraciones de sus empleados cuando éstos no puedan cumplir sus labores debido a la emergencia sanitaria por la que atraviesa Chile.

Parte de los errores y recelos en la respuesta inicial del administrador del Estado de turno, es el miedo al hundimiento irreparable de la economía nacional o la subestimación del peligro al que se enfrenta el país. El ejecutivo  optó por un temerario e infundado optimismo voluntarista y por la asunción de riesgos planteada por los cálculos económicos, cuestionados de inmediato por los expertos, que ignoraba la regla básica de cualquier dirigente político: la seguridad colectiva exige mucha más prudencia y realismo que la seguridad individual.

La situación es una tormenta perfecta en una región como la nuestra que arrastra años de incertidumbre sobre su futuro. Está claro que no bastan los argumentos de la falta de voluntad de los grupos de poder, que ya se siente atemorizada por las políticas para derrotar la pobreza o para enfrentar la miseria en que ha sumido a los pueblos originarios.

La llegada del virus ha coincidido y condicionado la capacidad de actuación de un Gobierno convencido de haber “recuperado el control” de sus decisiones. Cuando se tiene la certeza de poseer respuestas para todo, se cree en la fácil convicción de golpear fuerte sobre los problemas, convencidos que son un clavo y que solo basta darles duro con un martillo potente.

La arraigada creencia entre muchos economistas conservadores, que la democracia liberal no podría soportar restricciones de derechos fundamentales como las impuestas, es tan cierta que se explica en un reciente fallo de la Dirección del Trabajo que emitió el miércoles, donde señala que los empleadores están eximidos de pagar las remuneraciones de sus empleados cuando éstos no puedan cumplir sus labores debido a la emergencia sanitaria por la que atraviesa Chile.

Entre las explicaciones entregadas por la directora (s), hay un primer punto que ha desatado una ola de críticas, porque queda claro que para el gobierno lo primero es la defensa de los intereses del empleador, porque en una de sus partes señala: “las medidas de cuarentena obligatoria, cordón sanitario, así como la medida de aislamiento o de permanencia en las respectivas residencias entre las 22:00 y las 05:00 horas o también denominado toque de queda, al ser actos de autoridad que responden a una situación de emergencia sanitaria, y concurriendo a su respecto los requisitos señalados precedentemente para configurar el caso fortuito o la fuerza mayor, resulta necesario concluir que exoneran a las partes de las obligaciones recíprocas que les impone el contrato de trabajo».

Pero, sobre todo, el mayor error ha sido el desprecio a la seguridad colectiva y el ensalzamiento de los análisis técnicos, por muy descabellados que fueran como en este caso.

¿Cómo se le puede responder recurre a un gobierno cuando impone este fallo impresentable? Lo primero, es una grave contradicción, porque a cada minuto recurre a la oposición y a los trabajadores, para que respondan “con patriotismo” –al más puro estilo de Sergio Onofre Jarpa- para salvar al país no solo de la pandemia del maldito virus, sino que principalmente para el Ejecutivo, terminar el años con indicadores económicos positivos. Y en lo segundo, así no se le responde al sacrificio de los chilenos.

Claro. Es una «contradicción grave». Es clavar un puñal por la espalda a los trabajadores. Porque se les ha dicho que quienes no puedan ir trabajar por cuarentena, no tienen derecho a recibir su sueldo, sino son despedidos.