Por alguna parte ha estado entrando material bélico, para apoyar a los grupos que se adoctrinan para fundamentar que las armas es el único camino, abandonando la clara y responsable elección del camino del diálogo, que no siempre ha sido justo para algunos sectores, en especial cuando llegan a los tribunales encargados de la justicia.

La tarde del jueves 30 de septiembre, la Contraloría General de La República informó que no tomó razón del Decreto 249 con el que el Gobierno pretendía integrar a las Fuerzas Armadas a las tareas de prevención y orden público en la Macrozona sur. Esto, debido a la inconstitucionalidad de la medida.

“La Contraloría General de la República representó (no tomó razón) por inconstitucional el Decreto 249 enviado por el Ejecutivo este jueves 30 de septiembre, que buscaba autorizar a las Fuerzas Armadas para cumplir labores de prevención y control de orden público en las provincias de Biobío, Arauco, Cautín y Malleco”, se lee en un comunicado del organismo.

En el texto se argumenta la inconstitucionalidad de la medida debido a que en la Carta Fundamental vigente las tareas de orden recaen, exclusivamente, en las policías.

“De acuerdo a la Constitución Política de la República, dichas labores están a cargo exclusivamente de Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones. En virtud de tal disposición, no es posible autorizar mediante un decreto labores de prevención y control de orden público a las Fuerzas Armadas, existiendo otras vías institucionales para dicho objetivo”.

Todo esto ante el documento del Gobierno que señala, en su artículo primero, que “autorízase la colaboración de las Fuerzas Armadas para apoyar a las autoridades civiles competentes y a las policiales en relación a actividades que se vinculen con la prevención del porte, la tenencia y el tráfico ilícito de armas de fuego, la criminalidad organizada, el narcotráfico y el terrorismo”. Con esto, La Moneda sufre un revés respecto de su política contra la violencia en La Araucanía.

La medida del órgano contralor del país, sorprendió a algunos políticos. Unos en contra y otros a favor. En general, aquellos que criticaron la decisión de Contraloría esgrimieron argumentos muy valederos, en el sentido que con ello se daba manga ancha a los grupos radicales en su objetivo de expulsar a familias de agricultores, campesinos y en especial, de los territorios que reclaman como propios.

No obstante, la decisión descansa en leyes que establecen las tareas, funciones y objetivos de las fuerzas armadas y de los servicios policiales establecidos en nuestra Constitución. Ocurre que los que critican la decisión de Contraloría se establecen ideológicamente en sectores que siempre han contado con el recurso de la fuerza para la protección de sus propios intereses, según la historia de nuestro país.

Hoy, cuando las acciones de encapuchados atentan contra la vida de civiles y uniformados, comprendemos que la interpretación de la ley y de la justicia choca con la decisión de amplios sectores ciudadanos, que comprender que rechazar a balazos la acción de estos grupos es solo provocar nuevas respuestas con armas y municiones que los encargados de velar por el ingreso de ese material, está claramente delimitada a la acción de órganos de carabineros y fuerzas armadas.

Sin duda, en esa tarea no ha habido un trabajo serio metódico, claro y definido. Por alguna parte ha estado entrando material bélico, para apoyar a los grupos que se adoctrinan para fundamentar que las armas es el único camino, abandonando la clara y responsable elección del camino del diálogo, que no siempre ha sido justo para algunos sectores, en especial cuando llegan a los tribunales encargados de la justicia.