Mientras en La Araucanía la violencia ocurre cada cierto tiempo, en Los Lagos, el asesinato de un malabarista por parte de un Carabinero en un control de identidad, sumada a las palabras injustificables del Gobierno y sus autoridades, -además de algunos senadores oficialistas-, revela que la conducción está totalmente perdida, desbordada, y que la ciudadanía castiga -de mala manera- destruyendo todo lo que hay a su paso.

Lo peor de todo, es que por más que salgan los actores políticos tanto a justificar el actuar policial (como el caso de la legítima defensa) como a condenar hechos de violencia en el sur (quemas de camiones como ataques a fundos), no han dado una solución concreta para terminar el conflicto, sólo malas medidas transitorias, proyectos de ley que rayan en lo represivo, y en momentos de campaña electoral. En resumen, desbordados.

En la Araucanía los ataques incendiarios ocurren cada cierto tiempo y seguidamente, en sectores conocidos de Malleco, Ruta 5, cercanías y sectores rurales de Ercilla, Temucuicui, Collipulli y que en estas últimas semanas se ha ido trasladando paulatinamente hasta Cautín, específicamente en Nueva Imperial por la toma de fundos, quema de una iglesia, extorsión a agricultores entre otros presuntos delitos, ¿resultado? Los responsables se desconocen, nunca los encuentran, investigaciones con avances escasos para dar con estos sujetos.

El acto que viene después del Gobierno y parlamentarios es condenar el hecho, y manoseando conceptos que, para darle relevancia al contexto vivido, intentan entregar una escena que la ciudadanía no cree. ¿Qué ocurre con el caso del PDI asesinado tras un mal procedimiento policial? Se vuelve a preguntar dónde están los culpables. ¿Qué ocurre, en esta ocasión, con la muerte de Orwal Casanova? O las tomas de terreno por dar un ejemplo. ¿Hay justicia más allá de las condenas y llamados a querellas?

La semana pasada los atentados en Tirúa y Cañete, sumado a lo ocurrido en la Ruta 5 Sur y Nueva Imperial vuelven a revivir el caos en aquellos sectores de conflicto. Hace dos meses se nombró a un delegado por parte del Gobierno, ¿su nombre? El cuestionado Cristian Barra que hizo noticia por salir de vacaciones mientras ocurrieron estos hechos. Hace unos días se defendió en Radio Bío Bío diciendo que “es una crítica tremendamente injusta” y que “queda la impresión de que yo en dos meses de trabajo me habría tomado vacaciones, y la verdad es que yo trabajo en el Gobierno desde el 11 de marzo de 2018” entre otros dichos.

Ante ello, previamente las declaraciones indefendibles del Intendente de La Araucanía y otras autoridades de Gobierno cuando en verdad, estos atentados donde no se encuentran responsables más allá de las querellas, se tenga conciencia de que, si va a estar un delegado para enfrentar la violencia en la macrozona sur, es importante que se encuentre en la zona, buscando las herramientas, creando planes de acción para combatir la delincuencia existente en el lugar.

Los datos del Barómetro con el aumento del 42% de la violencia en el sur es lapidario. Ataques incendiarios y delitos con resultado de muerte son el reflejo de que el círculo vicioso continúa y añade que son las comunas con menos recursos las afectadas como Cañete (30), Collipulli (23), Contulmo (14), Victoria (12) y Ercilla (10).

Mencionar que entre los afectados son “contratistas Forestales (70), Particulares (32), Policías (29), Otras Empresas Productivas Privadas (27), Agricultores (26)” además, claro está, del daño a los vehículos y maquinarias.

En un tono de violencia, muy similar, pero a un peor nivel, se dio en Los Ríos, específicamente en Panguipulli donde se cumplió una semana del lamentable hecho en el que un Carabinero mató a un malabarista por un mal control de identidad, una pequeña comuna que tenía muy poco o nada de ruido mediático hasta ese día viernes 5 de febrero añadiendo la quema completa del edificio municipal de la comuna, desbordada por la ira de una parte de la comunidad por este desgraciado hecho.

Aquí hacemos un alto porque el debate entre un sector y otro sobre el control de identidad preventivo, impulsado en Bachelet II para entregarle a las policías un mayor poder con el objetivo de «verificar la identidad de cualquier persona mayor de 18 años en vías públicas, en otros lugares públicos y en lugares privados de acceso al público, por cualquier medio de identificación», y que en el actual Gobierno de Piñera ya en 2019 lo intentó reforzar cada vez más causando otra nueva polémica. Académicos, además de abogados lo han dicho en reiteradas ocasiones que no sirve; Francisco Estrada, abogado y exdirector del Sename, así como Lucía Dammert, directora de Espacio Público, o el académico Mauricio Duce entre otros expertos; lisa y llanamente da pie para el abuso policial (como lo ocurrido en Panguipulli) y además discriminatorio, esto pese a que el actual Mandatario respaldó el accionar policial de ese mal viernes, indica el manejo político errático del tema.

El mismo tono se usó cuando algunos parlamentarios oficialistas lanzaron el proyecto de ley de infraestructura crítica, que busca que el Presidente, “fuera de los casos de estado de excepción constitucional”, disponer que efectivos de las FF. AA asuman la protección de la “infraestructura crítica”, dándole un hiperpresidencialismo en algún caso muy grave, entre otros aspectos. Lo curioso, es que el Presidente ya tiene esa facultad constitucionalmente para usar las FF. AA. Aquí también algunos expertos han entregado su aporte diciendo que es inconstitucional y que contiene errores garrafales, y con razón. Ergo, duerme en el Congreso, por ahora.

Por más que salgan los actores políticos tanto a justificar el actuar policial (como el caso de la legítima defensa) como a condenar hechos de violencia en el sur (quemas de camiones como ataques a fundos), sólo han entregado malas medidas transitorias, proyectos de ley que rayan en lo represivo y que no van a lo medular, el combatir la violencia buscando una solución mediante el diálogo con todas las partes involucradas, entregar más que propuestas un cauce a un largo plazo, porque bien sabemos que las medidas a corto plazo no dieron el ancho, tanto en los gobiernos de Concertación, ex Nueva Mayoría y Chile Vamos (Piñera I y II) y no vía la política del garrote, porque hay muchas muertes sobre la mesa y esto tiene que parar, porque el caos en el sur continúa, y el Gobierno sigue errado y desbordado.