“¿Quién decidiría vivir en aquellos lugares? Nadie, las familias pobres fueron condenadas a esta realidad a través de una solución habitacional que no fue integral (Política Nacional de Desarrollo Urbano, 1979) y en consecuencia un proyecto de no sociedad que hoy se expresa en la crisis de seguridad pública”.

Escribe: Matías Rodríguez, estudiante de sociología en UCSH.

«De verdad, si pueden venir rápido». Viernes por la tarde, luego de una llamada, alertando de la presencia de personas con armas de fuego al interior de una barbería, se inicia un procedimiento policial en la comuna de Pedro Aguirre Cerda. Efectivos policiales acuden al recinto a realizar una fiscalización, en Avenida La Marina con Alejandro Scarlatti, a pesar de la zozobra en el llamado: «al menos tres(individuos) y tienen a uno afuera vigilando (…) solo visualice a uno (portando arma de fuego), el que anda con el arma automática y cargador extendido», acuden dos funcionarios de Carabineros al procedimiento, donde uno de ellos, termina asesinado con un impacto balístico en la cabeza.

El llamado que concitó la atención refleja la realidad de aquellos sectores: allí no llega nadie. La oferta programática del gobierno central, municipios, organizaciones de la sociedad civil y de las comunidades es insuficiente y ha sido el propio Estado quien los ha definido como «problemáticos», «críticos», «vulnerables», o luego denominados por el Plan Nacional de Seguridad Pública Seguridad para Todos 2014–2018 como «Barrios de Alta Complejidad». Aquellos lugares se caracterizan por viviendas de mala calidad y en condiciones de hacinamiento, déficit de servicios y carencia de conectividad con la ciudad, bandas en disputa territorial y pobladores que fueron desplazados de su lugar de origen(1).

¿Quién decidiría vivir en aquellos lugares? Nadie, las familias pobres fueron condenadas a esta realidad a través de una solución habitacional que no fue integral (Política Nacional de Desarrollo Urbano, 1979) y en consecuencia un proyecto de no sociedad que hoy se expresa en la crisis de seguridad pública.

La gran hazaña neoliberal fue instalar que la solución a esta problemática es la movilidad social y así se despliegan dos grandes trayectorias de vida. Por un lado, el desarrollo académico y laboral acompañado del sacrificio y que no necesariamente se expresa en mejorar las condiciones de vida; mientras que, por lado y que ha ganado terreno incluso desde la dimensión cultural, es la infracción de la ley, lo que se ha denominado trayectorias delictivas y grupos refractarios. Ambas en un constante camino por lograr la ansiada movilidad social para salir de la pobreza, la cual resulta indispensable para el funcionamiento del actual modelo económico en donde lo que no se obtiene mediante el trabajo propio se hará a través de apropiarse del trabajo ajeno.

En este escenario, las iniciativas deben tender a superar la política coyuntural y apostar por soluciones integrales que promuevan la cohesión social y que no se ajusten a la calculadora electoral. En esa línea, se evidencia la urgencia que las y los alcaldes refieren al problema en el «Cónclave Más Seguridad, Más Equidad», sin embargo se debe traducir en acciones más allá de cámaras de televigilancia e iluminación pública, que tengan que ver cómo generar alternativas a aquellas trayectorias delictivas y de grupos refractarios y, las responsabilidades políticas para el giro de intervención del Estado y municipios que supere las medidas de vulneración de derecho e infracción de ley para avanzar en garantías y promoción universal en donde se comprenda a niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho.

(1) Línea Base Delictual Plan Barrios de Alta Complejidad. Subsecretaría Prevención del Delito, Gobierno de Chile. 2016