Tras advertencia del Servicio Electoral (Servel) al Gobierno y a los presidentes de  ambas cámaras del Parlamento, respecto de “vacío legal” que posibilita aportes de empresas y desde el extranjero para financiar campañas ad portas de la que se inicia en agosto con miras al plebiscito constitucional del 25 de octubre, el presidente del Consejo para la Transparencia (CPLT), Jorge Jaraquemada, apuntó a que los cuestionamientos que genera esta falta de regulación “pueden impactar duramente en la confianza, que ya está mermada, y hay que reaccionar a la brevedad posible”.

“No podemos mantener espacios para prácticas que generaron parte de la crisis de confianza que hoy enfrentamos, por lo que el ideal es legislar y dar impulso a las propuestas que apuntan a dicho objetivo”, dijo el presidente del CPLT.

Advirtió también sobre la necesidad de elevar los estándares de transparencia en materia electoral, puesto que “en más de 11 años de experiencia como Consejo hemos evidenciado que el único camino para combatir la corrupción y generar confianza es más transparencia”.

Agregó que en “el momento actual se hace exigible por los distintos actores avanzar en la construcción o en el reforzamiento de la confianza y debiera legislarse sobre el particular”, enfatizó el titular de Transparencia. En caso de no avanzarse en la tramitación de iniciativas que aborden estas omisiones en materia electoral, el CPLT apunta a autoregularse: “si no hay una ley, no quedaría otro camino que informar y rendir cuentas de manera proactiva, porque estamos ante un incremento de la desconfianza por parte de la ciudadanía que pone en riesgo nuestro sistema democrático y tenemos que hacer todo lo posible por evitarlo”.

“Un camino, como hemos señalado, es que las distintas entidades que estén detrás de alguna de las alternativas plebiscitarias y que activen campañas electorales, informen sobre los recursos que han dispuesto para su financiamiento, indicando aquellos que provienen de terceros”, afirmó el abogado.

Ante la situación actual y previo al plebiscito de octubre: “Los criterios de transparencia y rendición de cuentas por parte de los partidos o de las instituciones que participen en comandos y campañas debiera aplicarse como buena práctica, aún cuando no se alcance, dado los tiempos legislativos, a aprobar una norma que los haga obligatorios”.